El Gobierno negocia reducir la deuda de cien empresas vascas con la Seguridad Social

El Gobierno vasco, el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Seguridad Social se van a reunir en los próximos días para resolver el problema de la deuda acumulada con la Seguridad Social por más de cien empresas vascas. Las sociedades cuentan con una deuda pública global de más de 110.000 millones, tres veces el presupuesto del departamento de Industria. El consejero de Industria, Javier Retegui, pretende además que su departamento cree un grupo de utilities (gas, agua y distribución eléctrica) en torno a Gas de Euskadi para facilitar su privatización.

De los 110.000 millones de pesetas de deuda, 15.000 millones corresponden al Gobierno vasco, por las ayudas concedidas en el plan 3R de apoyo a empresas en dificultades y el resto, repartido al 50% entre la Seguridad Social y las Haciendas vascas. La propuesta de Retegui quiere que la reducción de la deuda sea de las tres administraciones, aunque la negociación con la Seguridad Social implica mayores dificultades. Las cien empresas deudoras de la Seguridad Social, cuyo futuro y viabilidad depende de su reestructuración, dan empleo al 5% de los trabajadores y trabajadoras de la industria vasca, unas 11.000 personas. El Departamento de Industria no quiere un acuerdo global, sino que requiera un esfuerzo de todas las partes implicadas. En primer lugar, exigirá a los interesados un proyecto empresarial; en segundo lugar, un capital a invertir; en tercer lugar, un acuerdo sindical, y por último, una corresponsabilidad de esfuerzos. Por otro lado, Industria quiere facilitar la privatización de Gas Euskadi a través de su diversificación y de la entrada de nuevos socios. En concreto, Retegui quiere crear un grupo en torno al agua, la distribución de energía eléctrica y el gas con el objetivo de que las empresas que ya están en este sector, como Iberdrola o los consorcios de aguas, puedan acudir a las ampliaciones de capital de la sociedad y la participación del Ejecutivo vasco sea cada vez más residual. Papeleras Las grandes inversiones en Euskadi llegan por rachas. Primero fue el gas y la generación eléctrica y ahora es el papel, un sector vasco tradicional, tanto por su presencia como por sus crisis. Industria ha decidido apoyar tanto la inversión en Papelera Aranguren como el proyecto, aún en el aire, de Transpapel en función de un estudio de Coinpasa, Consultora de Ingeniería. De acuerdo con este estudio la demanda europea de papel va a aumentar en medio millón de toneladas, una cifra en la que encajaría fácilmente la producción de 275.000 toneladas de una nueva planta de última tecnología como Transpapel. Sin embargo, el Gobierno se mantiene todavía a la espera del estudio de viabilidad y de impacto ambiental. "Lo que no tiene sentido es que se apruebe y se apoye un proyecto que hace daño a un tercero que está ya en el mercado", asegura Retegui, en clara referencia a las inversiones que están ya en marcha en Papelera Aranguren, antigua matriz de La Papelera Española. El proyecto supone la creación de tres nuevas sociedades, una de pasta de papel, otra de tisú y la última de papel de escritura e impresión. La primera, que es la que está ya en marcha, y controlada por los 150 trabajadores, es la de pasta de papel, que sería el proveedor de las otras. Crédito a CAF e Ingelectric La planta de tisú contaría con una inversión de 2.948 millones de pesetas, aportadas por sociedades que están a 300 kilómetros a la redonda, y crearía 94 empleos. La de papel de escritura e impresión supondrá una inversión de 2.566 millones, con un capital esencialmente local y crearía 53 empleos. Industria ha facilitado también dos líneas de crédito para el lanzamiento de nuevos productos a dos empresas vascas: CAF (Compañía y Auxiliar del Ferrocarril) e Ingelectric. Ésta última, que está asumiendo la absorción de Indra, recibirá 228 milones para sacar al mercado un tren completo con tracción de motores eléctricos para Euskotren. CAF tiene prevista una línea de inversión a dos o tres años para un tren intercity (una lanzadera de velocidad alta para recorridos cortos) de 2.500 millones y necesita apoyo para completarla. Así el Gobierno le ha facilitado un crédito de 448 millones, retornable en cinco años, para un producto que de acuerdo con las previsiones de la empresa puede generar en 10 años ventas de 120.000 millones de pesetas.