El juez del "caso Intelhorce" prorroga un mes el secreto sobre el desvío de dinero

El juez del caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso, ha decidido prorrogar un mes más el secreto sobre la pieza del sumario denominada Pagos de Decsa a través de Sevilla, [EN] una trama del proceso por la presunta estafa en la fábrica textil malagueña. En esta trama del proceso se investigan supuestos cobros de comisiones por parte del PSOE, así como la utilización de dinero procedente de la fábrica en sociedades vinculadas con esta formación política [EN] .

La investigación en torno a este asunto fue separada del sumario principal del caso el pasado mes de junio, cuando el magistrado dictó un auto donde determinaba el cierre de la instrucción del caso Intelhorce. Ramírez Barroso decidió dejar abierta la posibilidad de que se continuara con la investigación en torno a los pagos que se realizaron a través de una empresa sevillana vinculada al que fuera gerente de la textil en su etapa privada, José Manuel Muñiz. Aunque, al menos hasta ese momento, el juez no había encontrado motivos para formular ninguna imputación concreta por el supuesto desvío de dinero hasta sociedades vinculadas al PSOE, el instructor decidió mantener la investigación al entender, según señaló en un auto, "que hay un cúmulo de indicios" que apuntan al diputado socialista Carlos Sanjuán como la persona que presuntamente intermedió en la venta de la factoría, algo que reiteradamente ha negado este dirigente del PSOE. Casi un año después de ese auto, el magistrado no sólo no ha levantado el secreto para conocer sus indagaciones, sino que ha decidido prorrogarlo un mes más. A pesar de que la instrucción del sumario central del caso se cerró en junio de 1997 aún no se ha fijado la vista oral. El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Torres Vela, confía en que el juicio se pueda celebrar el próximo mes de octubre, aunque las distintas partes personadas no son tan optimistas y han reiterado en varias ocasiones su malestar por el retraso. La Junta se ha visto obligada a estudiar la necesidad de buscar un lugar adecuado donde celebrar esta vista oral, donde se tienen que sentar en el banquillo de los acusados 42 personas y declararán más de medio millar de testigos. Podría haber hasta 84 letrados, ya que los abogados han solicitado llevar un suplente porque se prevé que la vista pueda durar unos seis meses. La fiscalía malagueña pide un total de 243 años de cárcel a las 31 personas contra las que ha formulado acusación, entre ellas Giovanni Orefici, el empresario italiano que adquirió la factoría durante su etapa de privatización y al que considera autor de los delitos de estafa, cohecho, apropiación indebida en concurso con falsedad, simulación de contrato, dos delitos fiscales, otro societario y otro contra la libertad y seguridad en el trabajo. El fiscal pide que comparezcan 148 testigos y 17 peritos, entre los que se encuentran el ex ministro de Economía Carlos Solchaga o el ex consejero de Trabajo Francisco Oliva.