El Supremo podrá pedir la lista de deudores

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, además de anular la denegación por la Diputación de Guadalajara de la relación individualizada de deudores solicitada por la oposición, da vía libre a la incorporación de dichos documentos a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que investiga a Francisco Tomey, senador del PP y presidente de la diputación, por falsedad continuada en varios de sus presupuestos. En el decreto remitido en enero último por la fiscal jefe de Guadalajara, Ángeles García, al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se indicaba que de la investigación realizada ("no totalmente agotada", recordaba) se desprendía "la existencia de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial". Y en relación con el posible delito de malversación, el decreto de la fiscal echaba en falta "la lista individualizada de acreedores y deudores de la Diputación de Guadalajara a 31 de diciembre de 1996 y los soportes documentales que se han manejado para su confección, soportes que no obran en estas actuaciones pese a haber sido reiteradas veces solicitados por esta Fiscalía, y todo esto aboga porque se conocía la alteración de la verdad". El tribunal castellano-manchego abre la vía a que el Supremo indague dichos documentos, ya que se muestra dispuesta a remitírselos si se los requiere.

Señala también que el Ministerio Fiscal "puede interesar ante aquella Sala [ ... ] que se requiera a ésta" para tal remisión. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha impone el pago de las costas a la Diputación de Guadalajara, que "incurre en la temeridad que imputa al recurrente" -al que acusó incluso de "mala fe"- al defender "la denegación reiterada de una Información [ ... ] que ha resultado existir, al menos en parte", dice la sentencia. El fallo de dicho tribunal declara el derecho del socialista Jesús Alique a "tener conocimiento" de la mencionada lista de deudores de la Diputación de Guadalajara "que fueron tenidos en cuenta para la liquidación del presupuesto de l996".

La sentencia admite otra opción: "O indicación de la imposibilidad de identificar a los deudores que no se detallan". Fuentes de la investigación penal señalaron que, en este caso, la inexistencia de deudores demostrará que "fueron inventados" y aseguraron que esta sentencia "hace imposible cargar la responsabilidad al interventor fallecido, José Villalgordo".

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