La Audiencia tramita una querella contra Iberia, Air Europa y Spanair
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aceptado a trámite una querella de un particular contra las compañías aéreas Iberia, Air Europa y Spanair, por haber subido las tarifas supuestamente como consecuencia de un pactó y sin respetar las reglas de la libre competencia, lo que podría traducirse en un posible delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. La subida se produjo el 25 de abril de 1997.
La investigación ha recaído en el juez Javier Gómez de Liaño, quien ya ha advertido que citará a los consejeros de administración de las tres entidades para notificarles la querella e instruirles de sus derechos, una vez que conozca sus identidades. Para ello, ha requerido a los secretarios generales de los consejos de administración de dichas compañías para que en el término de cinco días entreguen la relación de consejeros. La querella fue presentada el pasado 3 de diciembre por un particular, Pablo Antonio Iglesias Perini, que atribuyó a los gestores de las tres compañías citadas un supuesto delito "relativo al mercado y los consumidores".
Según el querellante, Iberia, Air Europa y Spanair subieron sus precios, no como consecuencia de la libre concurrencia, sino "como resultado de una conspiración para delinquir entre empresas que, difundiendo noticias falsas de que la subida era consecuencia del alza del dólar y del precio del combustible, procedieron a incrementar simultáneamente sus tarifas y homogeneizar las mismas".
En algunos casos y para algunos vuelos, los precios subieron entre un 21,8% para Iberia, un 25% para Air Europa y un 34,6% para Spanair. La querella correspondió al juzgado central I, pero en ausencia de su titular, el juez Gómez de Liaño, su sustituto, el juez Baltasar Garzón, estimó que los hechos no eran competencia de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la Audiencia estimó un recurso de queja del querellante y acordó que aunque la repercusión en los precios no tuviera la gravedad requerida para definir la competencia de la Audiencia Nacional, el perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en todo el territorio nacional "resulta incuestionable" y determina esa competencia.
El juez ha enviado un oficio al Registro Mercantil para que remita los datos de las compañías y ha dispuesto que los libros de contabilidad queden a disposición del juzgado, "sin perjuicio de su intervención si fuese necesario". [Iberia expresó ayer en un comunicado su disposición a colaborar en la investigación.]
