Espiando para hallar a Ortega Lara

Durante su intervención ante el Congreso, profusa en argumentos jurídicos y escasa de datos concretos, Serra dijo que la base del Cesid en Vitoria tenía "capacidad para ser activada" y que de allí salió "información valiosa" para combatir a ETA. También aludió al "estado de necesidad", como posible eximente para una actuación "con apariencia de ilegalidad", como son las escuchas telefónicas. ¿Cuál fue ese estado de necesidad? El ministro no lo explicó, pero fuentes de la lucha antiterrorista apuntan al secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en poder de la banda armada desde enero de 1996 hasta su liberación por la Guardia Civil en julio de 1997.

Desde luego, la base ya existía antes de la llegada del PP al poder, al menos desde 1992, pero la decisión de activarla, o de no desactivarla, estaría relacionada, según esta versión, con la búsqueda del secuestrado. No queda claro, sin embargo, por qué no se pidió permiso al juez Baltasar Garzón, quien se encargó de aquel caso.

El ministro aseguró ayer que el descubrimiento de las escuchas fue "totalmente casual", desmintiendo las versiones que apuntan a un chivatazo, por ejemplo del exagente del Cesid Juan Alberto Perote.

El Cesid tuvo conocimiento previo de que HB se disponía a cambiar la centralita de su sede de Vitoria, pero no consideró que ello supusiera un riesgo. "Obviamente, la evaluación no fue acertada", dijo Serra. Recordó, además, que no es la primera vez que se filtran datos de Telefónica, en alusión a la entrega a Egin de los listados de llamadas del piso del Cesid, que han puesto en peligro su red en Euskadi.