Garzón rechaza una querella de Hachuel contra Sáenz y aprecia un posible delito de denuncia falsa

El juez Baltasar Garzón, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, desestimó ayer una querella presentada por Jacques Hachuel -acusado en el caso Banesto - y su sociedad Portic contra Alfredo Sáenz, presidente de Banesto, y otros directivos de la entidad, por un presunto delito de defraudación fisca de 52.000 millones de pesetas en los ejercicios 1994, 1995 y 1996. Garzón rechaza la existencia de «apariencia de delito» y sostiene que Hachuel puedo haber cometido un posible delito de denuncia falsa, por lo que remite las actuaciones a los juzgados de Madrid.

La querella fue presentada el pasado 24 de noviembre, una semana antes del comienzo del juicio oral del caso Banesto , previsto desde el verano para el 1 de diciembre de 1997. Por reparto, el 27 de noviembre, la querella correspondió al juzgado central de instrucción número 5. Ante éste mismo juzgado, según fuentes jurídicas, el abogado Javier Sáinz Moreno ya había presentado una denuncia sobre otros hechos, en los que incluyó también la presunta defraudación fiscal de Banesto. Sin embargo, no cuajó. El firmante de la querella de Hachuel no ha sido su abogado habitual, el penalista Luis Rodríguez Ramos, sino José María Stampa, uno de los letrados que defiende a Rafael Pérez Escolar, acusado en el caso Banesto . Stampa acompañó como anexos denuncias dirigidas por Sáinz Moreno a la Agencia Tributaria, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Banco de España. En ellos advertía los presuntos delitos cometidos por Banesto. Fuentes jurídicas señalaron que Sáinz Moreno y Pérez Escolar trabajan desde hace mucho tiempo en una «armoniosa» división de tareas.

Operación real

La querella señala, en línea con el guión habitual de Pérez Escolar y Mario Conde, que se ha producido una «manipulación, tras negocios simulados, de la percepción de una abultada subvenció pública por importe de 285.000 millones de pesetas otorgada a Banesto por el Fondo de Garantía de Depósitos». Según la querella, las defraudaciones presuntamente cometidas por los administradores de Banesto contaron con la colaboración de otros querellados. Aparte de Sáenz, se incluía a todo el consejo de administración de Banesto y directivos del Fondo. La querella también afirmaba que Banesto aparentó unas «ventas» y «recompras» ficticias de «activos dañados» para disfrazar fiscalmente la subvención pública de 285.000 millones. Fue esto lo que dijo ayer, precisamente, Mario Conde en el juicio oral. El juez solicitó antes de definirse sobre la admisión informes al FGD, a la Agencia Tributaria y al Banco de España. Los tres organismos relataron la operación de saneamiento de Banesto tal como realmente ocurrió. La Agencia señala que la operación «no genera perjuicio para los intereses de la Hacienda pública».

El juez Garzón desestima la querella y señala: «Las actuaciones procesales de los querellantes demuestran mala fe a la hora de verter argumentos en contra de instituciones financieras». Añade que la querella no sólo carece de base -no existen los presuntos delitos- sino que «ha podido ser instrumento de un posible delito de acusación y denuncia falsa» al haberse producido ante la autoridad judicial «y ha puesto en marcha la actuación judicial hasta el momento presente». Según el juez, sólo «la indagación previa a la decisión sobre la admisión a trámite de la querella ha evitado que, con la resolución contraria, se produzca un perjuicio irreparable (a través de la Justicia) a las entidades y personas querelladas e influir directa o indirectamente en ámbitos distintos al de este proceso». Se trata, sin duda, de una alusión al caso Banesto.

También subraya que el Banco de España «ni autorizó, ni conoció ningún premio, dádiva o recompensa» de 12.000 millones de pesetas que Alfredo Sáenz y otros recibieron del Banco Santander, según la querella, una «afirmación gratuita de los querellantes que nuevamente demuestra la falta de buena fe de quien la hace».

El juez, pues, ha decidido deducir testimonio y enviarlo a Plaza de Castilla «para que previo reparto se proceda, en su caso, contra los querellantes por presunto delito de acusación y denuncias falsas».