El fiscal del Estado ordena investigar la 'cuestacíón' de Jarrai en Oiartzun

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha ordenado a la Fiscalía de San Sebastián que investigue si hubo delito tras la decisión de Jarrai, las juventudes de Herri Batasuna, el brazo político de la banda terrorista ETA, de pedir a los hosteleros y comerciantes de Oiartzun (Guipúzcoa) una, comisión sobre su recaudación durante unos encuentros convocados por este colectivo juvenil la semana pasada en la citada localidad. Cardenal ha dirigido un oficio al fiscal jefe de San Sebastián para que la Fiscalía donostiarra abra diligencias de investigación con el fin de aclarar lo sucedido, y si los hechos pueden ser delito. El fiscal del Estado ha adoptado esta decisión porque no existe constancia de actuaciones para la averiguación de hechos difundidos por los medios de comunicación, según fuentes fiscales.

Jarrai pidió la semana pasada a los hosteleros y comerciantes de Oiartzun una comisión sobre la recaudación que realizaran durante la celebración de sus encuentros. La organización envió a los propietarios de bares y comercios cartas en las que se subraya el potencial consumidor de los jóvenes y el consiguiente aumento de la recaudación durante los tres días que duraron los actos. Jarrai recordaba en sus cartas a los comerciantes que en los anteriores encuentros, celebrados en Etxarri Aranatz (Navarra) y en Zaldibia (Guipúzcoa), también reclamaron una parte de la recaudación de los establecimientos comerciales y bares.

Jarrai reunió a los comerciantes de Oiartzun en la biblioteca municipal para ponerles al corriente del asunto y les explicó que facilitarían a los comercios distintivos de "colaboradores" para colocarlos en sus escaparates. El colectivo radical propuso que los bares "colaboradores" que abrieran los días de la concentración entregaran a Jarrai el 10% de sus beneficios y los comercios el 5%, fijando una cuota entre 5.000 y 10.000 pesetas para los que cerrasen esos días. Por otra parte, la Audiencia Nacional ha condenado a siete años de prisión a dos jóvenes de Jarrai de Navarra por el delito de colaboración con banda armada al considerar probado que anotaban matrículas de coches de guardias civiles para entregárselas a ETA. En la sentencia se condena a Alfonso Arnesto Berruezo a cinco años de prisión y multa de 20 meses (a 2.000 pesetas por día) y a Alvaro José Marquínez Fernández a dos años de prisión y a nueve meses de multa.

Según la sentencia, en 1996 Arnesto era delegado regional de Jarrai y encargó a Marquínez que controlara a miembros de las fuerzas de seguridad. Marquínez aprovechó la sustitución de un empleado de la empresa de correspondencia en la que trabajaba, Distribuciones La Rioja, para entrar en el cuartel de la Guardia Civil de Víana. Allí tomó matrículas de vehículos y nombres y direcciones de los agentes. Fue sorprendido el 9 de agosto de 1996 cuando anotaba datos en la sede de la Policía Local de Logroño.