La Audiencia juzgará durante 12 días a Pinto Fontán por estafa

El constructor José Luis Pinto Fontán y otras cinco personas se sentarán durante 12 días en el banquillo de los acusados para responder de presuntos delitos de estafa y falsedad en relación con la urbanización Las Terrazas de Aravaca, las 450 viviendas de lujo con profusas zonas verdes que dejó empantanada este promotor inmobiliario a comienzos de 1991. El juicio se iniciará el próximo 1 de junio y está previsto que concluya el 12 de ese mes, en la Sección 17 de la Audiencia de Madrid.

Junto a Pinto Fontán también ocuparán el banquillo de los acusados otras cinco personas: Francisco Casals Ribes, ex director regional de La Caixa; los arquitectos Juan Mínguez Gómez y Carlos Pinilla Utrilla, así como Carlos García Yenes y Anastasio Losada Aparicio, presuntos testaferros de Pinto Fontán en la urbanización Las Terrazas de Aravaca. Los afectados -alrededor de cincuenta familias- le denunciaron al constatar que se habían expedido falsas certificaciones del final de las obras (que permitieron a Pinto Fontán conseguir dinero del banco) y que, unilateralmente, se les obligaba a pagar intereses bancarios no previstos en las escrituras iniciales de compraventa de sus casas.Pinto Fontán es el polémico constructor del también frustrado proyecto inmobiliario de Nuevo Versalles, en Fuenlabrada. En este proyecto dejó sin construir varios miles de pisos y un reguero de deudas y afectados, pero nunca respondió de ese hecho ante la justicia. Ahora sí lo tendrá que hacer, pero no por ese proyecto inmobiliario, sino por el de la urbanización Las Terrazas de Aravaca. Aunque el fiscal no ha presentado cargos contra ninguno de los imputados, Pinto Fontán se enfrenta a una petición total de pena de 20 años de prisión que solicita para él Manuel Murillo, abogado de los damnificados en el caso de Las Terrazas de Aravaca. Para estos otros imputados, Murillo solicita penas en torno a los cuatro años de prisión.

El hecho de que el fiscal no acuse se interpreta en fuentes jurídicas como un elemento muy favorable al constructor con vistas al juicio.

El juez que investigó el caso de Las Terrazas de Aravaca dictó un auto en 1995 en el que imputaba a Pinto Fontán y a los otros acusados numerosas irregularidades supuestamente delictivas. Según ese auto, Pinto Fontán se reunió a finales de 1990 con los compradores de las casas y les prometió que se las entregaría acabadas en junio de 1991. No sólo no cumplió su palabra, sino que, además, convino con el entonces director regional de La Caixa en Madrid modificar al alza las condiciones económicas de los préstamos hipotecarios en los que debían subrogarse los compradores. Esa operación bancaria, según el auto del juez, se hizo a espaldas de los compradores, lo que era ilegal.

Certificaciones falsas

El auto relataba otra supuesta ilegalidad: los dos arquitectos antes citados, vinculados a Pinto Fontán, "emitieron falsas certificaciones de la obra" con el fin de que La Caixa librase más dinero y acabar así la por entonces empatanada urbanización. Con esas "falsas certificaciones", Pinto Fontán consiguió 164 millones de La Caixa, dinero que, según los afectados, nunca se destinó a las obras. Y que jamás debió librarse hasta tanto no concluyeran. Esos 164 millones de pesetas constituían, de hecho, la garantía para que los compradores vieran terminadas sus casas.Por el juicio, que se celebrará en la Sección 17, desfilarán cerca de 50 testigos, entre ellos los afectados.