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Aznar no acepta de momento la dimisión de Calderón por las escuchas a HB

Miguel González

, El presidente del Gobierno, José María Aznar, no ha aceptado por ahora la dimisión que le ha ofrecido el director general el Cesid, Javier Calderón, por las escuchas descubiertas en la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Calderón se ofreció desde el primer momento a asumir toda la responsabilidad derivada del caso, poniendo su cargo a disposición del presidente, pero Aznar, con quien se reunió el pasado martes, le recomendó tranquilidad y le pidió que continúe al frente del servicio secreto hasta que concluya la investigación abierta, según fuentes gubernamentales.

El director del Cesid, Javier Calderón, se reunió el viernes 3 de abril con el ministro de Defensa, Eduardo Serra, a quien transmitió su disposición a asumir toda la responsabilidad por las escuchas descubiertas el 31 de marzo en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.Calderón, que ofreció su dimisión inmediata, pidió únicamente que no se desampare a sus subordinados y que no se le presente como un desleal o un inepto, en alusión a las informaciones que pretendían que el director del servicio secreto o había ocultado al Gobierno el espionaje a HB o ni siquiera estaba al corriente de la operación.

Ese mismo día, el vicepresidente Francisco Alvarez Cascos se reunió en La Moneloa con Eduardo Serra y con los ministros de Interior, Jaime Mayor Oreja, y Justicia, Margarita Mariscal, para estudiar las consecuencias del caso.

A la reunión no pudo asistir el presidente José María Aznar, que se encontraba en Londres, donde el sábado 5 de abril hizo sus hasta ahora únicas declaraciones sobre este asunto. ''Personalmente", dijo, "no soy dispuesto a aceptar comportamientos que no me parecen correctos pero, como debe hacer cualquier persona prudente, esperaré a las conclusiones de la investigación que se ha establecido para tomar una decisión".

De regreso a Madrid, el presidente se reunió el pasado martes con Calderón a quien, según fuentes gubernamentales, transmitió un mensaje de tranquilidad y pidió que continúe en su cargo hasta que concluya la investigación en marcha.

El Gobierno se ha tomado un periodo de reflexión, contando con que no tendrá que adoptar ninguna decisión hasta pasados unos días. En el frente parlamentarlo, la comparecencia de Serra, solicitada por varios grupos, no podrá producirse hasta la semana próxima, ya que el pleno del Congreso ocupará toda la jornada del miercoles y buena parte del jueves. Aún no está claro si el ministro comparecerá ante la Comisión de Defensa o solicitará informar a puerta cerrada a la Comisión de Secretos Oficiales. Pero el debate podría tener un anticipo en el pleno de mañana si se plantea el asunto en la sesión de control al Gobierno.

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Respecto al frente judicial, lo lógico es que el Gobierno se ampare en la Ley de Secretos Oficiales cuando la juez Carmen Lasanta, que instruye el caso, indague sobre la propiedad de los equipos incautados en el piso superior a la sede de HB o llame a declarar a agentes del Cesid, según las fuentes consultadas. Para ello tendría, sin embargo, que asumir el coste derivado de un probable conflicto de jurisdicción, como el que enfrentó al Ejecutivo socialista con el juez Baltasar Garzón por los papeles del Cesid.

Mutismo de HB

Por otra parte, HB mantuvo ayer un absoluto mutismo en relación con el nuevo episodio de espionaje revelado por este periódico, que afectó al menos hasta 1995 a su sede de Bilbao, informa La coalición radical no se pronunció en el día de ayer, una jornada festiva en Euskadi, si bien desde sus filas se pudo percibir el malestar, transmitido de forma oficiosa, por la reproducción de un documento del Cesid que refleja la grabación parcial de una reunión celebrada el 20 de mayo de 1994.En dicha reunión -a la que asistió, entre otros, Arnaldo Otegi, máximo responsable de la nueva Mesa Nacional de HB, y varios dirigentes de Jarrai- se planificaron acciones violentas para reventar las fiestas de varias localidades vascas y se mencionaron posibles ataques callejeros contra la Guardia Civil y la Ertzaintza.

En cambio, sí se pronunció ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, quien aseguró que no le ha sorprendido la información publicada, ya que en su partido también se sienten espiados, "pero es muy difícil demostrarlo".

Anasagasti agregó que no considera meramente casual que en la calle de Astarloa de Bilbao, donde el Cesid espiaba a HB mediante cámaras y micrófonos ocultos, tuviera su despacho profesional de abogado el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, antes de trasladarse a la nueva sede del partido.

"No nos ha extrañado saber esto; incluso nosotros hemos denunciado siempre esta sospecha, en público y en privado, a todos los ministros de Defensa, tanto Narcís Serra y Julián García Vargas como Eduardo Serra, que siempre nos lo han negado, por activa y por pasiva", declaró.

El portavoz parlamentario del PNV añadió que este tipo de actuaciones le parecen "escandalosas" porque, con independencia de la animosidad que se pueda tener contra HB, todo demócrata debe saber que es una fuerza política legalizada y que no está permitido realizar ningún tipo de escuchas sin mandato judicial''.

Anasagasti recordó asimismo que, en el debate sobre el Estado de la Nación celebrado el año pasado, él mismo denunció en el Congreso la falta de una legislación que regule de una vez por todas el funcionamiento de los servicios secretos y establezca que el control de éstos debe ser civil.

Por su parte, el coordinador general de IU-EB, Javier Madrazo, definió ayer como un "escándalo político de primera magnitud" el espionaje a la sede HB y pidió la urgente investigación de este hecho y la depuración de responsabilidades.

"El Gobierno del PP y el que estuvo anteriormente se han servido del Cesid con fines ¡lícitos", dijo Madrazo. Además de mostrarse convencido de que este episodio no constituye un hecho aislado, se preguntó: "¿Acaso alguien puede creer que el Cesid ha espiado sólo las dos sedes de HB?"

"Tengo la certeza de que, por orden del PP ahora y antes del PSOE, todos los partidos políticos, agentes, sociales y determinados ciudadanos han sido objeto de escuchas ilegales citando a quien detenta el poder le ha interesado", añadió.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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