El modelo de jornada escolar

El tema de la jornada escolar continua o intensiva es lo suficientemente complejo, además de socialmente importante, como para que cualquier tratamiento informativo que se haga del mismo parezca incompleto y deje tras de sí algún poso de insatisfacción. Algunos lectores que subrayan su condición de enseñantes manifiestan haber tenido esa sensación -incluso en una carta al director publicada el 26 de marzo- ante las informaciones que ha venido ofreciendo EL PAÍS desde el momento -mediados de marzo- en que comenzó a hablarse de la jornada continua como posible alternativa al actual modelo de jornada escolar partida. Igual sensación afirman haber tenido estos lectores ante alguno de los juicios vertidos en el editorial Tardes sin clase -15 de marzo-, en el que se hacía una valoración negativa de la medida.Veamos primero el editorial. En él se criticaba que la implantación de la jornada continua se decidiera exclusivamente con los sindicatos de profesores, pues, "por más respetable que sea el cometido de los sindicatos, no es de recibo que una medida de esa trascendencia educativa, familiar, social e incluso política se despache de puertas adentro como si fuera un trámite corporativo". Después se señalaban los previsibles males que se derivarían para la enseñanza pública en caso de establecer la jornada continua, entre ellos "el abandono por parte de los profesores de sus obligaciones de coordinación docente, tutoría del alumno y atención de los padres".

Ha sido justamente ese juicio, condicionado a una situación de momento inexistente, el que ha provocado malestar, en especial a Martín Ruiz Olmedo, maestro de educación infantil y asesor de formación permanente en el Centro de Profesores y de Recursos de Tomelloso, Ciudad Real. Para este lector, tal juicio establece "la presunción de culpabilidad de un colectivo de cerca de 200.000 docentes que trabajan en la enseñanza. Es de todo punto inadmisible que se afirme que un colectivo X, si se toma la medida legal Y, dejará de cumplir sus obligaciones reglamentarias". No le falta razón al lector. Incluso, en el contexto hipotético en el que se produce, tal juicio es en exceso categórico y contundente al no dejar resquicio a ninguna otra posibilidad o excepción. No se trata, desde luego, de un juicio dogmático, producto de una postura ideológica previa, o de un prejuicio, tal como señala el lector, pero sí de un juicio analítico -"la experiencia hace asomar...",se dice en el editorial- que ha ido demasiado lejos en su conclusión.

Pero este lector y otros también cuestionan los criterios seguidos en el tratamiento informativo de la jornada escolar continuada. Martín Ruiz Olmedo habla incluso de "esa diabólica jornada continuada que se ha inventado EL PAÍS", y echa en falta "otros puntos de vista sobre el modelo horario de Jornada que algunos propugnamos". Y una lectora de Santander, también maestra de educación primaria, señala al Defensor del Lector que habría de "tener en cuenta otras consideraciones, ya que creo que no se está enfocando adecuadamente el tema". Esta lectora estima que debería abrirse un debate amplio, señalar los aspectos positivos y no sólo los negativos e informar de los resultados de la jornada escolar continuada allí donde está implantada.

Estos aspectos aparecen reflejados en gran medida en la amplia cobertura informativa dada por EL PAÍS al tema, precisamente porque, como afirma Carlos Arroyo, responsable de las páginas de Educación, se tiene muy claro que la jornada escolar es un asunto de la comunidad educativa entera, "que es la sociedad y no sólo los profesionales, los expertos, los representantes sindicales, las autoridades o los periodistas de educación". Para Arroyo, "al discutir sobre la jornada intensiva no hablamos de retoques horarios; lo hacemos también de pedagogía, de vida familiar, de política, de economía y de servicios sociales. Tampoco es cosa de funcionarios; hablamos de alumnos. Demasiado para despacharlo en una negociación sindical".

Es difícil no estar de acuerdo con una visión tan amplia y cabal del problema. Y a buen seguro que estos lectores críticos también lo están. Pero ello compromete a un tratamiento informativo que no deje fuera del conocimiento del lector ningún aspecto o matiz que se considere de interés en relación con un asunto tan diverso y complejo como éste.

Es cierto que la información de este periódico sobre la jornada escolar continua ha resaltado sobre todo los inconvenientes, si bien en un contexto lo más amplio posible. Pero no ha ocultado que una de las ventajas, quizás la principal, sería la mejora en la calidad de vida de los profesores. Sin embargo, no hay que perder de vista, como subraya Carlos Arroyo, que "se trata de un bien deseable, pero no de un bien absoluto al que deban supeditarse todos los demás". Tampoco se han dejado de lado los resultados de la jornada continúa allí donde está implantada: Canarias y Andalucía. Lo que sucede es que, por lo que parece, tales resultados no son reconfortantes. En todo caso, de lo que los lectores pueden estar seguros es de que la posición editorial de EL PAÍS sobre la jornada escolar continua -una posición razonada y no dogmática, y, por ello, sometida a revisión si llegara el caso- no constituye condicionante alguno a la hora de ofrecer una información objetiva y equilibrada sobre una cuestión tan importante para la sociedad en general.