Tribunal mundial

EL TRIBUNAL Internacional Penal (TIP) de La Haya, que juzga los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia, por fin trabaja a pleno ritmo. Lo que demuestra que fue una idea acertada a la que en un principio le faltaron medios económicos, humanos y voluntad política. Hoy, cuando el TIP parece asentado, las perspectivas de crear un tribunal internacional penal ya no ad hoc, sino permanente, van retrocediendo ante las reticencias que genera tal concepto entre algunas grandes potencias, principalmente EE UU, pero también Francia. Es de esperar, sin embargo, que la comunidad internacional logre poner en pie una institución de este género.Creado en 1993, el TIP de La Haya, el primer tribunal de este tipo desde los juicios de Núremberg y Tokio tras la II Guerra Mundial, ha comenzado a ser efectivo cuando se le ha dotado de más medios y de un mayor impulso político. Este año la Asamblea General de la ONU le ha otorgado un presupuesto casi un 50% superior al de 1997. Ha pronunciado tres sentencias condenatorias; ha acusado ya a 75 personas; y tiene en prisión a 24. Se ha beneficiado del hecho de que un buen número de supuestos criminales, de todas las partes del conflicto, se han entregado de forma voluntaria. También del mayor esfuerzo que ha hecho la Fuerza de Estabilización (Sfor) en la persecución de los responsables de estos crímenes, y de la cooperación del Gobierno serbobosnio de BilJana Plavsic. Pero ganaría credibilidad si se sentara en el banquillo a criminales como Karadzic.

Aunque cueste reconocerlo, la cooperación del dirigente serbio Milosevic, es necesaria para que prosiga la labor de detención de los criminales de guerra, aunque el propio Milosevic sabe que a la larga puede acabar ante este tribunal como responsable de una buena parte de los horrores de esa guerra. Ya se está elaborando una causa contra él, lo que puede constituir un elemento añadido de presión para que el actual presidente de Yugoslavia se pliegue a las presiones internacionales.

El otro tribunal penal en funcionamiento es el de Ruanda (TPR), de resultados aún insatisfactorios y de una pasmosa lentitud. En uno y otro caso se observan reticencias por parte de los países que han participado en operaciones de mantenimiento de la paz, o en guerras, a dejar declarar a sus soldados y oficiales. No digamos ya a verles acusados ante tales tribunales. Es justamente esta reticencia la que ha llevado a Estados Unidos a poner trabas al proyecto de creación de un tribunal penal internacional permanente. Durante tres semanas, representantes de 100 países y de numerosas organizaciones han debatido en Nueva York esta idea, que se ha de examinar de nuevo en junio y julio en lo que debería, ser una reunión definitiva en Roma.

Hay aún un exceso de problemas abiertos y de diferencias de criterio. Así, por ejemplo, si el Senado de EE UU con una mano apoya el concepto, por otra se niega a crear una institución sobre la que no tuviera derecho de veto. La gran línea divisoria se apunta entre los que quieren un tribunal independiente, y los que quieren o que dependa del Consejo de Seguridad, o que no quepa recurrir a él salvo, en caso de quiebra de los procesos penales nacionales.

Bajo las divergencias sobre la financiación, la obligatoriedad, el papel de la fiscalía u otros aspectos del posible TIP permanente se esconde una dificultad: la de reconciliar las culturas jurídicas y penales de tantos países. Con el tribunal permanente tendría que nacer una especie de código penal internacional, aunque sólo, fuera para juzgar el centro de actividad de tal institución si llega a nacer: los crímenes de guerra, incluidas las violaciones; los crímenes contra la humanidad; y el genocidio. El nuevo Orden Internacional en gestación exige un código de tales características si no quiere nacer con una inmensa tara.