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CARTAS AL DIRECTOR

Escritura pública

El Ayuntamiento de Guadarrama, en pleno celebrado el día 4 de abril de 1997, procedió a adjudicar las parcelas 71, 72 y 73 del Polígono Industrial La Mata a la empresa Félix Buquerin, SL.A raíz de dicha adjudicación que se hizo previo expediente instruido al efecto, se elevó a escritura pública ante el notario de El Escorial y supongo que ya se habrá inscrito en el Registro de la Propiedad.

La empresa citada, al comenzar las obras de una nave, se encuentra que por su parcela discurre (dentro de su propiedad) un colector de saneamiento (más adelante se descubrirían otros servicios), hecho que creaba una servidumbre no contemplada ni en el expediente que examinamos los concejales para la adjudicación ni en la escritura de propiedad, de manera inexplicable, puesto que el Plan Parcial del Polígono fue aprobado por el propio Ayuntamiento y los planos obran en el archivo municipal, de modo que no se trata de un error, sino de una negligencia inexcusable que podría dar lugar una querella por estafa o falsedad en documento público, si es que un fiscal o un juez examinan el caso previa demanda.

Este hecho se puso en conocimiento del Ayuntamiento mediante escrito de la empresa Félix Buquerin, SL, con fecha 3 de septiembre de 1997, informado por el topógrafo municipal el 16 del mismo mes (en el que se manifiesta la imposibilidad de retirar el colector por tratarse del emisario Cercedilla-Los Molinos-Guadarrama, ¡casi nada!).

La propia Comisión de Gobierno, en sesión de 24 de octubre de 1997, acordó denegar la retirada de dicho colector, en base a la imposibilidad de realizarla, haciendo saber a la empresa Félix Buquerin, SL, que cualquier daño o perjuicio que le produzca, el Ayuntamiento se hará cargo de su reparación.

Como vemos, el propio Ayuntamiento reconoce la existencia de una servidumbre no comunicada al adjudicatario, constando en escritura pública como "libre de cargas", de modo que el propietario tiene en su mano un arma que puede utilizar en cualquier momento, puesto que el propio Ayuntamiento, en comisión de gobierno, le da una patente de corso para que, si tiene algún problema, lo paguen las arcas municipales, es decir, el colectivo de los vecinos.

Pero eso no es suficiente, porque la actuación de la Administración ha de sujetarse en todo momento a la legalidad, y no sirven los acuerdos chapuza, que podrían venirse abajo por una sentencia judicial. Por lo mismo, yo, como concejal en la oposición, vengo a hacer público este desaguisado, que es tan sólo una parte de la novela de la que existen muchos más capítulos. Concejal independiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de abril de 1998