Siete comunidades autónomas carecen de centros públicos que practiquen abortos

Más del 97% de los abortos se practican en clínicas privadas. Las mujeres que se someten a esta intervención no es que prefieran estos centros, pero los pocos hospitales públicos que hacen abortos no dan abasto. Un alto porcentaje de sus casos son derivados al sector privado. Debido a la objeción de conciencia, no existe ninguno en siete comunidades —Galicia, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha, donde una de las dos únicas clínicas privadas que practican abortos, la Iris de Albacete, se enfrenta a un proceso penal.

En cuestión de abortos no hay listas de espera en los hospitales públicos porque "no puede haberlas". Lo dice el director general de Atención Primaria y Especializada del Insalud, Rafael Matesanz, que ya estaba en el equipo del anterior Gobierno socialista. Lo que sí hay es un trasvase de pacientes a la red de clínicas privadas, que se ha hecho con el mercado de abortos en España. Es así desde su despenalización parcial —el aborto sigue siendo ilegal salvo en el caso de violación, malformación del feto o peligro para la salud física o psíquica de la madre— aprobada en 1985.

Los 35 centros públicos que, según el Insalud, ofrecen este servicio no han podido nunca satisfacer la demanda. Madrid, la segunda comunidad en número de abortos, es un buen ejemplo: de las 770 mujeres que pidieron abortar en el Insalud el año pasado, el 40% acabó en una de las cinco clínicas privadas autorizadas, según Matesanz. Pero en la memoria anual elaborada por el Instituto a partir de los boletines que deben enviar los centros —la última corresponde a 1 996— no figura este dato Sí queda recogido, sin embargo, que de las 51.002 mujeres que abortaron ese año en España, más de 15.000 solicitaron información para interrumpir su embarazo en un centro público, aunque sólo 1.411 de ellas (el 2,77%) acabaron abortando allí.

Incluso estas cifras encubren la realidad. Dentro de ese 2,77% se incluyen los abortos que se hicieron en dos centros públicos de la Comunidad Valenciana y tres de Andalucía. Ambas comunidades han suscrito sendos conciertos con clínicas privadas, de tal forma que la paciente es automáticamente enviada a la sanidad privada, aunque su aborto se compute como público. La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción voluntaria del embarazo (ACAI), Consuelo Catalá, asegura que en la Comunidad Valenciana no existe ningún hospital que realice abortos habitualmente.

De 40.000 a 500.000 ptas

El sistema de conciertos —Cataluña y Murcia cuentan con sistemas similares— garantiza que el servicio de salud correspondiente se haga cargo de los gastos. En el resto de las autonomías funciona un sistema de reembolso a los tres meses de la interrupción, pero los de menos de 12 semanas no los paga nadie, según fuentes del sector privado. Un aborto del primer trimestre de gestación suele costar entre 40.000 y 45.000 pesetas en una clínica privada. A partir de ahí su precio sube proporcionalmente cada semana que pasa. Y en los casos de más de 22 semanas, siempre por grave peligro físico o psíquico de la madre, puede llegar a las 500.000 pesetas.

Desde que la mujer se dirige al Insalud para abortar hasta que se le hace la intervención, lo normal es que pase una semana de trámites burocráticos. Pero el procesó puede alargarse un y medio si la demanda del hospital es muy alta. Y en la mayoría lo es. Si su hospital correspondiente no hace abortos, es la dirección provincial la encargada dé enviarla a otro centro o a una clínica privada.

Algo más difícil lo tienen las mujeres de las siete comunidades autónomas en las que no existe ni un solo centro público especializado (ver cuadro) y que deben ser enviadas a otras comunidades. Madrid y Cataluña absorben la mayoría de estos casos.

El propio Matesanz reconoce que "la Administración en ningún momento ha apostado porque [abortos] se hagan en la sanidad pública", algo que echan en falta los profesionales públicos que sí los hacen y que sienten que cargan con el trabajo de sus compañeros.

Cláusulas de conciencia

Las seis unidades de reproducción que el Gobierno socialista creó para desactivar la objeción del personal médico no lo han conseguido. A la cláusula de conciencia pueden acogerse desde el médico a las limpiadoras pasando por el jefe de servicio y, como dice Empar Pineda, de la clínica Isadora de Madrid, "si tu jefe objeta estás perdido". La ley de objeción permite además que ésta pueda ser puntual.

El derecho al aborto es, para Matesanz, "que se haga y que se costee". Y eso se cumple, aunque el 96,33% de las mujeres tengan o deseen hacerlo al margen del sistema público. La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que el Gobierno debería garantizar que al menos un hospital por comunidad practicara abortos. La solución, según Consuelo Ruiz-Jarabo, una de sus responsables, pasa porque la oferta de empleo público se cubra con no objetores porque "hay que respetar el derecho del profesional, pero nunca que se supedite al de la mujer".