Los peligros de un mercado absoluto

Uno de los financieros de actualidad, George Soros, ha realizado en los últimos meses algunas reflexiones francamente clarividentes. Plantea este lúcido hombre de negocios, discípulo del otrora inspirador de la derecha liberal-conservadora, Karl Popper, la posibilidad de que el sistema de economía de mercado genere en su propio seno fuerzas autodestructivas. Resulta muy interesante esta lectura de la filosofía popperiana porque coincide, salvando las distancias, con una de las principales hipótesis planteadas por el marxismo académico, y es curioso que tanto Popper como Soros no son ni de lejos comensales intelectuales del socialismo.La tesis del financiero húngaro plantea que la filosofía individualista del capitalismo puede, bajo ciertas premisas, obstruir el flujo autosostenido de crecimiento económico y libertad política. Y es que los dos pilares sobre los que se asienta la economía de mercado, que son la propiedad y la libertad de acción, pueden llegar a ser utensilios vacíos de contenido e inútiles para el ensamblaje de una interacción social que conduzca al bienestar libre y responsable de todos.

Para una porción cada vez más importante de las élites política, empresarial y académica, el mercado es una especie de imperativo absoluto. Algunos pensamos que esta actitud es un atavismo de otras épocas en las que otros absolutos dañaron gravemente -y dañan- a sociedades enteras (como el fanatismo religioso, el poder omnímodo del Estado, los nacionalismos extremos, la ciencia sin ética, la eugenesia humana, etcétera).

En los sectores más ortodoxos del liberalismo conservador da la impresión de que el funcionamiento del mercado, libre de todo tipo de trabas, se justifica en sí mismo. La libertad prioritaria queda circunscrita a la inserción mercantil del individuo persiguiendo sus intereses personales, y la propiedad privada pasa a ser el principal eje vertebrador del entramado institucional.

No obstante, tanto la propiedad como la libertad son entes vacíos si no se enmarcan en un sistema formal de derechos y deberes que le den un contenido y una coherencia. Tal y como señaló John Locke en 1690 (Ensayo sobre el gobierno civil): "La finalidad de la ley no es suprimir o restringir la libertad, sino todo lo contrario, protegerla y ampliarla... allí donde no hay ley no pueden los hombres librarse de la presión y de la violencia de los demás, que es en lo que consiste la libertad". Esto viene a colación porque últimamente hemos podido conocer algunos hechos que parecen dar la razón a Soros. Así, un hombre de negocios de Chicago, que además es científico, no tiene el menor problema de conciencia al afirmar que la clonación comercial de seres humanos permitirá al hombre convertirse en Dios. En esencia, este señor, cuyo nombre es Richard Seed, pretende justificar con argumentos morales la realización de un negocio particular.

Sin embargo, su libertad para llevarlo a cabo topa directamente con un derecho de propiedad todavía poco definido y regulado por la ley, que es el derecho de propiedad de algo tan abstracto como el genoma humano. ¿A quién pertenece?, ¿quién lo negocia?, ¿cuál es su precio? Como afirma el premio Nobel de Economía Ronald Coase, en uno de los dos artículos que le hicieron merecedor del Nobel (El problema del coste social): "En un sistema en el que los derechos de los individuos fueran limitados no podría existir el. derecho de adquirir", esto es, no tendría sentido el concepto de compraventa, ni el de negocio, y, por tanto, ese ente que llamamos mercado sería otro concepto vacío.

Otras noticias de actualidad que invitan a la reflexión sobre hasta dónde llegan los derechos y los deberes de las personas y de las organizaciones son el fraude de las gasolineras y la querella interpuesta por una ciudadana contra Tabacalera. La primera es algo tan sencillo como que unos empresarios se han lucrado presuntamente mediante un engaño a sus clientes. Esto no deja de ser un mero delito de estafa, pero ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que esto no ocurre en otros consumos bastante más difíciles de controlar con certeza y exactitud?, ¿desde hace cuánto tiempo se viene produciendo este fraude?, ¿de qué modo van a ser indemnizados los perjudicados? Es prácticamente imposible contestar a estas preguntas.

La segunda noticia a la que aludo no deja de producir una profunda perplejidad en el ciudadano de a pie: una persona demanda a Tabacalera por un supuesto delito (haber provocado la muerte por cáncer de pulmón a su cónyuge), verdaderamente difícil de demostrar, pero francamente probable; y a todo esto la empresa demandada responde con otra demanda mucho más poderosa argumentando que su imagen corporativa ha sido dañada por estas acusaciones, que dicho sea de paso, no tienen una adecuada regulación en el ordenamiento jurídico español. Uno se puede plantear ¿hasta dónde llega el derecho de una empresa a llevar a cabo un negocio que provoca la muerte a decenas de miles de personas en nuestro país, como está científicamente probado?, ¿quién y cómo se pone coto a la expansión del consumo de drogas destructivas, hoy por hoy legales, que están perfectamente imbricadas en las costumbres sociales por un eficaz aparato publicitario?

Seguramente deberíamos aprender de estas lecciones y disponemos a hacer cola en las ventanillas de los juzgados para denunciar todos aquellos casos que supongan fraude, engaño, atentado contra la salud o simplemente coger lo que no es de uno; pero la realidad nos demuestra que las cosas están muy lejos de ser así, y; el ciudadano muchas veces no reclama sus derechos de propiedad. Esto puede alimentar una tendencia que daña gravemente la credibilidad del sistema, y es precisamente el Estado y las instituciones sociales protectoras que debemos crear y amparar legalmente quienes deben equilibrar esos desajustes, ¿quién si no puede hacerlo con la legitimidad necesaria? En estos tiempos de desregulación y ataque directo al Estado sería necesario someter a una reflexión rigurosa la necesidad de un reforzamiento institucional del mismo, que le capacite para el desempeño de nuevas tareas que ya se reclaman como necesarias por un sector emergente de la ciudadanía de las sociedades más desarrolladas.