Un fiscal instructor investigará al senador de Fuerteventura

La Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) nombrará en los próximos días a un fiscal instructor para que se traslade a la isla de Fuerteventura y tome declaración a diversas personas en relación con la denuncia por presuntas irregularidades urbanísticas presentada por un arquitecto municipal contra el senador del PP y alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo.

Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe de Canarias, ha decidido no archivar la denuncia y ha comenzado a reunir pruebas documentales que soporten las acusaciones realizadas el pasado 27 de febrero por Casto Martínez Berriel, ex arquitecto municipal de La Oliva, durante una comparecencia ante la fiscalía.Sus diligencias informativas durarán tres meses y una vez concluidas se remitirán a Jesús Cardenal, Fiscal general del Estado. Éste se interesó por el caso el pasado 16 de marzo, un día después de que este periódico publicara las presuntas irregularidades que se achacan al senador, y mantuvo una conversación telefónica con el fiscal jefe de Canarias. La sala segunda del Tribunal Supremo será la encargada de continuar la investigación debido a la condición de aforado del senador.

El fiscal confirmó a este periódico que solicitará en los próximas días documentación a la Audiencia de Cuentas de Canarias [Tribunal de Cuentas de las islas] , a la Consejería de Política Territorial y al propio Ayuntamiento de La Oliva. Asimismo, se interesará por los recursos que se han tramitado contra actuaciones del alcalde. El fiscal está interesado en la censura de las cuentas de La Oliva de 1994, llevada a cabo por el citado tribunal fiscalizador.

En abril, el fiscal instructor que designe la junta de fiscales comenzará sus diligencias en Fuerteventura. Tomará declaración a numerosas personas, incluyendo a los empresarios que presuntamente pagaron por obtener licencias de obras, y consultará las normas urbanísticas del ayuntamiento. La Consejería de Política Territorial, que dirige María Eugenia Márquez, del PP, ha mantenido durante estos años serios enfrentamientos con las actuaciones del alcalde y senador popular. Algunas de ellas llegaron hasta los tribunales.

Domingo González ha arremetido contra su compañera de partido de la que asegura que su carrera no avala su cargo político. Además, declaró que "a los que tendría que investigar el fiscal están en la Consejería de Política Territorial de Canarias". La consejera le ha acusado de misógino y ha animado a los empresarios y constructores a que denuncien cualquier abuso o irregularidad en la concesión de las licencias urbanísticas.

Las normas internas del Ayuntamiento de La Oliva, con 9.000 habitantes y el más extenso de la isla, obligan a los ciudadanos o empresarios a entrevistarse personalmente con el alcalde para obtener una licencia.