Tardes sin colegio

EN UNA discreta mesa de negociación y a falta de un acuerdo definitivo, el Ministerio de Educación ha decidido conceder a los sindicatos de profesores algo que la mayoría de ellos ni siquiera pedía en este momento: la jornada continua o intensiva. Los colegios de primaria que así lo soliciten (con el apoyo del 75% de los padres) sólo darán clase por la mañana. Las tardes se reservan teóricamente para actividades complementarias. Por respetable que sea el cometido de los sindicatos, no es de recibo que una medida de esa trascendencia educativa, familiar, social e incluso política se despache de puertas adentro como si fuera un trámite corporativo.No es descabellado imaginar las circunstancias combinadas que pueden hacer de la jornada continua un peligro objetivo para la enseñanza pública en España. Si cuesta un triunfo obtener financiación para el programa académico, ¿de dónde saldrá el dinero para actividades vespertinas como inglés, informática, música, ajedrez o deporte? Ni los ayuntamientos, ni las asociaciones de padres, ni el Gobierno pueden garantizar que habrá recursos suficientes como no sea directamente a escote de los usuarios. Y sin dinero sólo quedan los voluntarios y las organizaciones no gubernamentales, cuyo mérito no basta para vertebrar un servicio educativo de calidad. Lo que se adivina al final se parece bastante a un montón de colegios cerrados por las tardes a causa de una mezcla de demanda escasa y oferta inexistente.

En ausencia de razones de peso, no se entiende esta disposición del Gobierno a las tardes sin clases, salvo que se trate de favorecer a los colegios que seguirán abriendo por la tarde: los privados y los concertados. Dicho de otra forma: centros en su mayoría religiosos. Prácticamente la totalidad de los centros concertados tienen jornada partida, actividades complementarias por la tarde y deportes los fines de semana. La vieja función de guardería de los colegios -que tanto escuece a profesores y sindicalistas- debe ser revisada y sustituida por un concepto de servicio educativo mucho más amplio que la enseñanza de las asignaturas y la vigilancia de los recreos. Ahora bien, también hay que decir que, en esta competencia que se adivina, la enseñanza pública ha de ser capaz de atraer alumnos por su calidad y no sólo por los precios; lo que implica la activa cooperación de los enseñantes.

Alemania, Dinamarca y Austria son los únicos países de la Unión Europea que tienen jornada intensiva, aunque los dos primeros disponen de abundantes actividades vespertinas. En España la jornada continua está implantada, sobre todo en dos comunidades: Andalucía y Canarias. Sin llegar a establecer una relación de causa-efecto, sí hay que señalar que son las dos autonomías con peor rendimiento escolar en primaria, según los datos del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.

Como otras veces, la ministra Aguirre se agarra al hecho de que los socialistas ya lo hicieron primero para fundamentar su decisión, basada en la prisa por firmar más que en el sosegado análisis. Pero la ministra debería tener en cuenta que los actuales responsables educativos andaluces muestran muy poco entusiasmo por la experiencia, aunque, una vez establecido el sistema, resulta poco menos que imposible la marcha atrás debido a la resistencia de los enseñantes. Precisamente por eso la medida debería analizarse con sumo cuidado antes de su implantación a escala nacional.

La experiencia hace asomar pocas ventajas a cambio de una acumulación de problemas nada desdeñables: cansancio y peor rendimiento de los alumnos; peligro de que algunos comedores escolares dejen de funcionar; abandono por parte de los profesores de sus obligaciones de coordinación docente, tutoría del alumno y atención a los padres; imposibilidad práctica de acoger a todos los alumnos en las actividades complementarias; descoordinación de horarios entre los centros de la misma zona, con los consiguientes agravios comparativos entre profesores. Y todo ello sobre el fondo de una estructura social no preparada para la jornada escolar continua, especialmente cuando muchos padres y madres trabajan en jornada partida. ¿O con esta medida estamos ante una nueva señal del conservadurismo que pretende que las madres se queden en casa?