La fiscalía mexicana implica a policías de Chiapas en la matanza de indígenas en Acteal

El juez federal mexicano Carlos Hugo de León dictó orden de detención contra 50 miembros de grupos armados por su presunta participación en la matanza de 45 indígenas, ocurrida el pasado 22 de diciembre en el Estado mexicano de Chiapas, en la que el fiscal denunció que los acusados, fueron asistidos por policías. Miembros de los cuerpos de seguridad de ese Estado se prestaron al transporte, en vehículos oficiales, de las armas utilizadas para asesinar a los indígenas, según las conclusiones provisionales publicadas ayer por la Procuraduría General de la República.

El presidente Ernesto Zedillo anunció, entretanto, que hoy firmará un proyecto de ley sobre Derechos y Cultura Indígenas, tras varios años de intentar sin éxito un proyecto consensuado con todas las partes implicadas en el conflicto de Chiapas, informa Efe. Este proyecto será entregado al Congreso mañana.El mandatario reiteró que la única vía que mantendrá para solucionar el conflicto es la política, y aseguró que no caerá en la represión de las comunidades indígenas.

La Procuraduría General de la República no ha eximido de culpa hasta el momento al entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, ni a sus más directos colaboradores. Como poco, la fiscalía de ese Estado incurrió en negligencia al no averiguar las decenas de muertes y delitos que antecedieron a la matanza de Acteal. Esa dejación llevó al desaliento de las comunidades afectadas que temían por sus viviendas, por su patrimonio y hasta por su vida.

José Luis Ramos, subprocurador general, informó de que "en un corto lapso" se determinarán las responsabilidades de quien era procurador de Justicia en Chiapas, Marco Antonio Bezares, y si el comportamiento del director general de Seguridad Pública, Jorge Gamboa, fue constitutivo de delito.

"Todavía hay algunas líneas de investigación que todavía no han concluido. Una de ellas es la que tiene que ver con la investigación de los servidores públicos de la anterior Administración", dijo José Luis Ramos durante la divulgación del informe preliminar sobre el múltiple asesinato perpetrado en Acteal, dentro del municipio de Chenalhó.

Todavía sin cerrar el caso, el subprocurador general apuntó la orientación de las pesquisas. Julio César Ruiz debió haber actuado cuando recibió denuncias sobre las tropelías cometidas por grupos armados, tolerados o apoyados en mayor o menor medida por integrantes de los cuerpos de seguridad de la zona, en siete comunidades -de Chiapas, entre ellas la de Acteal.

Mercado negro

Esos grupos se armaron con carabinas del calibre 22 o fusiles AK 47, compradas en el mercado negro de San Cristóbal de las Casas, porque, según afirmaron, debieron organizarse en rondas para defenderse de los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y recuperar pertenencias que les fueron robadas. Desde septiembre de 1997, aprovechando el clima de tensión, intimidaron con violencia, cometieron delitos, entre ellos el robo de café, y despojaron de sus bienes a personas huidas de las lugares donde la convivencia se deterioraba por momentos.Para el subprocurador mexicano no fue un conflicto entre partidos porque "no hay una sola prueba en ese sentido". "La agresión fue planeada en virtud de los hechos de violencia que por diferencias políticas, religiosas, sociales y económicas imperan en la zona".

José Luis Ramos dijo que la supuesta filiación de los grupos enemistados en Chenalhó, en la órbita del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México o del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), no tiene que ver con una militancia real.

Fundamentalmente es una manera de identificar al adversario. La procuraduría ha ejercido acciones penales contra 124 personas, de la que 59 están sujetas a proceso y 50 deberán ser detenidas.

El asalto a los campesinos indígenas comenzó a gestarse en octubre, fecha en que el grupo comunitario Las Abejas, al que pertenecían las víctimas del 22 de diciembre fueron conminados a sumarse al bando de los ronderos, situados teóricamente en la órbita del PRI.