Los jueces apremian a Ruiz-Gallardón para que exija la gestión de la justicia

José Manuel Romero José Antonio Hernández

Madrid - 11 mar 1998 - 00:00CET

Con una inversión de 6.000 millones -aproximadamente, lo que viene a costar la puesta en servicio de un kilómetro de metro- se acabaría con el colapso judicial que sufre la Comunidad de Madrid, según el ejemplo práctico que utiliza la Asociación Jueces para la Democracia. El pasado 3 de marzo, esta asociación progresista -la segunda en número de afiliados- solicitó al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que exija las competencias en materia de justicia.En la reunión mantenida con el consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, los representantes en Madrid de Jueces para la Democracia reclamaron "de forma prioritaria e ineludible" que se "inicie el proceso de asunción de transferencias judiciales". Esto es, que la Comunidad se haga cargo sin dilación e la gestión de los medios perso nales y materiales" que precisan los juzgados madrileños. Otras dos asociaciones judiciales -la Francisco de Vitoria, talante moderado, y la Unión Judicial Independiente, liberal- también apoyan el traspaso urgente de competencias a la Administración regional. La Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria, se muestra más cauta sobre la incidencia real de esta medida en la solución de los problemas judiciales. En 1996, se quedaron sin resolver 364.284 asuntos, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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La reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid, pendiente de aprobación por el Senado y el Congreso, pero que previsiblemente será una realidad para el próximo 2 de mayo, permitirá a Madrid asumir tres nuevas materias hoy competencia del Gobierno central: educación no universitaria, sanidad y justicia. Pedroche, según la Sección Territorial de Jueces para la Democracia, comentó que, de momento, educación y sanidad son las dos prioridades del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón para esta legislatura y que justicia lo será en la próxima. Jueces para la Democracia insistió en que la situación judicial madrileña es extrema y que la Comunidad "debe hacer un esfuerzo" y asumir ya su gestión.

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José Manuel Maza, portavoz de la Unión Judicial Independiente, afirmó ayer: "Si el traspaso resulta positivo y sirve para solucionar las graves deficiencias de la justicia en Madrid, bienvenido sea. Y si con él se consigue acabar con la actual dispersión de los órganos judiciales en la capital, sólo por ese motivo ya nos parecería bien". Se refiere Maza a las deficiencias de los edificios que acogen las sedes judiciales y a su diseminación.María Tardón, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, es aún más contundente, y se basa en los ejemplos de Cataluña y el País Vasco: "Somos partidarios de que se haga el traspaso, y lo antes posible. Los problemas de la justicia en Madrid son tremendos y no se parecen en nada a los que puedan tener otros lugares". Transferir implica un mayor "acercamiento" de la Administración a los problemas de la justicia y sus usuarios.

José Luis Requero, portavoz en Madrid de la Asociación Profesional de la Magistratura, es pesimista sobre el supuesto efecto positivo de esta medida. Reconoce el esfuerzo de Cataluña y el País Vasco en la dotación de nuevos edificios judiciales, si bien advierte que las transferencias "no tienen por qué obrar milagros en cuanto a la mejora de la justicia"; es decir, en sí mismas no significan que los asuntos se vayan a tramitar con más velocidad. Recuerda que Andalucía, tras asumir las competencias, "ha recortado los gastos" para justicia.

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