El Consejo el Poder Judicial investigará 31 denuncias por malos tratos en las cárceles

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que el Servicio de Inspección del Consejo inicie 31 investigaciones por denuncias de malos tratos a los presos en los años 1996 y 1997. La investigación es consecuencia de las protestas realizadas en diciembre por familiares de presos y una treintena de organizaciones humanitarias, que fueron recibidas por el presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio, quien pidió que concretaran los datos. La lista fue facilitada el 24 de febrero. Delgado la remitió a la Comisión Disciplinaria por si las quejas de pasividad de los jueces de vigilancia o de trato judicial preferente a los funcionarios pueden originar expedientes disciplinarios.

El magistrado Benigno Varela, portavoz del CGPJ y presidente de su comisión disciplinaria, informó ayer de la puesta en marcha de la investigación "mediante el acuerdo de encargar al Servicio de Inspección la apertura de 31 diligencias informativas". A dicha comisión pertenecen también los vocales Manuela Carmena, Francisco Monterde, Emilio Olabarría y Francesc Caminal. El portavoz explicó que "el número de diligencias no coincide exactamente con el de denuncias, porque algunas de estas últimas se han acumulado".Varela aseguró que las investigaciones se refieren a la lista de denuncias producidas en 1996 y 1997, según la relación entregada al presidente del Consejo el 24 de febrero por los representantes de seis asociaciones humanitarias -Coordinadora de Barrios, Asociación contra la Tortura, Madres contra la Droga, Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Libre de Abogados y Coordinadora de Solidaridad con los Presos-, encabezadas por el sacerdote Enrique de Castro. Delgado se interesó por conocer si el fenómeno de los malos tratos en las cárceles es generalizado y se comprometió a que el CGPJ investigue los casos expuestos.

Investigación minuciosa

El mismo día que Delgado recibió de las seis asociaciones humanitarias la relación de casos concretos de malos tratos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, actualmente integrada en el Ministerio del Interior, emitió un comunicado en el que daba cuenta de que todas las denuncias recogidas en el informe ya en poder del CGPJ habían sido archivadas por los jueces. Además, aseguraba que "todos los hechos fueron investigados minuciosamente, no apreciándose consecuencia penal alguna".Sin embargo, el presidente del CGPJ y la Comisión Disciplinaria del mismo no están tan seguros de la corrección del funcionamiento judicial. De ahí que hayan acordado la apertura de 31 investigaciones, a pesar de- que la Administración Penitenciaria, tras afirmar que es "la primera interesada en perseguir y evitar" los malos tratos a presos, estima que las denuncias sólo contribuyen a "distorsionar la realidad" de las cárceles españolas y a "sembrar la duda" sobre los funcionarios de prisiones.

Por el contrario, las organizaciones que han elaborado la relación de casos solicitada por el presidente del CGPJ denuncian "a los juzgados de instrucción y a los de vigilancia penitenciaria que, salvo honrosas excepciones, no hacen efectiva la tutela judicial de las personas presas al no tramitar las denuncias que se formulan por ellas como las de cualquiera otros ciudadanos". Los representantes de las citadas organizaciones humanitarias expresan su "impotencia de ver cómo las denuncias de los presos por malos tratos e incluso muertes se vuelven contra ellos en represalias o condenas".

Las denuncias afectan a las cárceles de Brieva (Ávila), Jaén II, Puerto de Santa María I (Cádiz), Villabona (Asturias), Alcalá-Meco y Soto del Real (Madrid) y Picassent y Picassent II (Valencia), Segovia, Pamplona, Alahurín de la Torre (Málaga), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña (Toledo) y Topas (Salamanca). Las denuncias cuentan con todos los datos de identificación, fechas y circunstancias que permitirán su investigación.

Denuncias de ida y vuelta

Dos presas hermanas denunciaron que varias funcionarias de la cárcel de Brieva las apalearon, una vez esposadas y con las manos a la espalda, en represalia por un previo forcejeo al intentar retirarles un aparato de radio. En los hospitales a los que fueron conducidas las presas se les apreciaron las lesiones sufridas. La denuncia no llegó al juzgado, mientras que la denuncia de las funcionarias se tramitó y originó una petición fiscal de cuatro años de cárcel a cada una.Las agresiones denunciadas por un preso del Puerto de Santa María no fueron admitidas a trámite por el juzgado de vigilancia penitenciaria, mientras que la denuncia de los funcionarios contra el mismo preso, por atentado, originó la apertura de juicio oral al preso.

Un recluso de Soto del Real denunció que 15 funcionarios le agredieron, esposado, por pedir explicaciones cuando se le suprimió el tiempo de patio. En el hospital se le apreció fractura de costillas, entre otras lesiones, pero la juez de Colmenar Viejo (Madrid) ordenó el archivo de la causa.