El Defensor del Pueblo quiere más autoridad en el sector audiovisual

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, denunció ayer en el Congreso la "escasa operatividad" del sistema tutelar vigente para la protección de los derechos de la juventud y la infancia frente a la televisión. Manifestó ser consciente del temor que las autoridades políticas y administrativas tienen a que iniciativas de carácter coactivo y sancionador sean asimiladas a la censura previa. "Pero la evidencia de estas dificultades no puede llevar a la desprotección de la juventud y la infancia frente a la televisión, desconociéndose así el mandato expreso del artículo 20.4 de la Constitución", agregó el Defensor.

Álvarez de Miranda compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para informar sobre la situación de "los derechos fundamentales de los telespectadores", a petición del PSOE. Durante su comparecencia reiteró la propuesta de que se designe de manera inmediata alguna autoridad u organismo independiente, desvinculado jerárquicarnente de la Administración y dotado de un alto grado de autoritas en la materia, con la misión de aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa vigente para las infracciones de protección de la juventud y la infancia en las emisiones de televisión.

En relación con el aprendizaje de los menores a través de la televisión, se mostró a favor de la televisión como instrumento educador y vehículo de protección de sus derechos fundamentales, para evitar la asimilación de valores erróneos, como la violencia, ya que los niños pueden acceder a un promedio de 8.000 crímenes y otros delitos a través de este medio.

Por otro lado, Álvarez de Miranda pidió a las Cortes que se perfeccione y complete la legislación sobre el acceso de los grupos sociales y políticos representativos a la televisión. A su juicio, sólo se ha resuelto la presencia de los grupos políticos en las televisiones públicas durante las épocas electorales.