El parque del sureste sufre un nuevo frenazo por la oposición de las graveras

Nuevo retraso para el parque regional del sureste. Y ya van cuatro años. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, no pudo presentar ayer a la junta rectora (máximo órgano de dirección del parque) el Plan de ordenación de recursos naturales (PORN), herramienta legal que regula los usos en esta zona natural. Sin plan, la ley es papel mojado. El PORN será estudiado por el Consejo de Estado, porque los fabricantes de áridos cuyas explotaciones se encuentran en el parque han cuestionado su legalidad.

Los propietarios de las graveras consideran que el plan de ordenación que ayer iba a presentar Mayor Oreja a la junta rectora (órgano constituido por ayuntamientos, ecologistas, universidades, agricultores) es contrario a la ley que en 1994, creó el parque. Esta ley, aprobada por unanimidad por la Asamblea de Madrid, establecía una determinada división en zonas para esta área natural de 29.000 hectáreas.El PORN elaborado por Medio Ambiente modifica las zonificaciones de la ley: no en sus límites, pero sí en su grado de protección. Es decir, el perímetro de las áreas se mantiene intacto, pero se hacen más restrictivas. Por ejemplo, se reducen las zonas donde las graveras pueden trabajar. Actualmente, dentro de los límites del parque existen unas setenta explotaciones de áridos. Si el PORN fuese aprobado tal y como está redactado, más de la mitad de las graveras tendrían que abandonar la zona.

Franja de protección

Además, las áreas donde podrían trabajar quedarían sensiblemente restringidas. Las graveras tendrían que establecer además "una franja de 50 metros de anchura respecto a cualquiera de las carreteras, cursos o masas de agua existentes en el entorno de las explotaciones".El consejero de Medio Ambiente afirmó ayer que enviaba el plan al Consejo de Estado para que éste determinase si se amoldaba o no, a la legalidad. Tardará unos dos meses en resolver el asunto. "Los propietarios de las graveras piensan que el plan de ordenación contraviene la ley. Por eso lo enviaremos al Consejo de Estado. No quiero que un recurso contencioso-administrativo retrase más aún la aprobación del plan". Mayor Oreja considera que, si el Consejo de Estado da su visto bueno al plan, el parque tendrá vía libre: "No significa que las graveras no puedan poner un recurso posterior, pero ya será más difícil que tenga éxito", explica.

Armando García, portavoz de medio ambiente del PSOE, afirma no entender las razones que han llevado a Medio Ambiente a enviar el plan al Consejo de Estado. "La ley dice muy claramente dónde se puede extraer áridos y dónde no. El plan no va contra la ley. Esto sólo es una maniobra del consejero para retrasar su puesta en marcha".

Por su parte, Julio Setién, portavoz de medio ambiente de IU en la Asamblea, mostró ayer su disgusto. "Parece mentira que para la consejería tenga más peso la opinión de cinco graveros que los intereses de todos los madrileños. Mayor Oreja no puede plegarse a los intereses de unos pocos. Si los graveros quieren recurrir, que recurran, pero el consejero no puede seguir mareando la perdiz con más retrasos".