Seis asociaciones denuncian ante el Poder Judicial 40 casos de malos tratos a presos

Seis asociaciones -Coordinadora de Barrios, Asociación contra la Tortura, Madres contra la Droga, Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Libre de Abogados y Coordinadora de Solidaridad con los Presos- han realizado un informe de alrededor de 40 casos de presuntos malos tratos a presos comunes ocurridos en la cárceles españolas durante 1996 y 1997. Mañana lo entregarán en el Consejo General del Poder Judicial, con la intención de que no se vuelvan a producir este tipo de situaciones.

Las asociaciones aprovecharán así la invitación que les hizo el presidente del CGPJ, Javier Delgado, después del encierro para reivindicar los derechos de los presos que mantuvieron en la catedral de La Almudena de Madrid.El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, relata con múltiples detalles -los motivos, el nombre del recluso o el de los funcionarios participantes que pudieron ser identificados- 16 agresiones denunciadas en 1996, ocurridas en las cárceles de Brieva (Ávila), Jaén II, Puerto de Santa María I (Cádiz), Villabona (Asturias), Alcalá-Meco (Madrid), Soto del Real (Madrid), Picassent y Picassent II (Valencia).

También recuerda otras 24 agresiones denunciadas en 1997 y ocurridas, además de en las cárceles ya citadas, en las de Segovia, Pamplona, Alahurín de la Torre (Málaga), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña (Toledo), Topas (Salamanca) y Huelva. Las agresiones se produjeron por distintos motivos pero, casi siempre, según el informe, cuando los presos trataban de reivindicar algún derecho, como disponer de una bata durante los cacheos, o llegar tarde a la celda después de la cena un día en el que televisaban un partido de fútbol o de un vis a vis.

Las otras dos partes del informe se refieren a cómo se archivaron las distintas denuncias interpuestas por estos hechos y a cómo ocho presos murieron en prisión porque no se les concedió a tiempo el permiso para morir con su familia, a pesar de ser enfermos terminales, o por negligencia de los médicos o los funcionarios de los centros penitenciarios, que desatendieron a los enfermos o no les trataron adecuadamente su dolencia.

Uno de estos presos era Miguel Angel B. A., quien murió en abril de 1996 en la prisión zaragozana de Torrero. Bazos estaba siguiendo tratamiento en el Grupo de Atención a Drogodependientes de la cárcel de Daroca y fue trasladado a la de Huesca que no disponía de este servicio. En febrero de 1996 fue trasladado a la prisión de Torrero para que declarara como testigo en un juicio que se iba a celebrar contra miembros de una asociación que había denunciado las torturas y vejaciones.

Tras declarar, por miedo a las represalias, se autolesionó. Cuando se recuperó volvió a la cárcel, donde se le aplicaron medidas antisuicidio. Al poco tiempo de retirarle estas medidas, fue sancionado y aislado en una celda, donde se suicidó, siempre según el informe que se presentará mañana ante el Poder Judicial.

El documento concluye explicando que en la mayoría de los casos las denuncias presentadas por este tipo de hechos se han terminado archivando. La intención de las asociaciones al presentar este informe es pedir al Consejo General del Poder Judicial que tome cartas en el asunto, pues aunque no entra entre sus funciones evitar que ciertos funcionarios sigan maltratando a los presos, sí lo es el que la Justicia cumpla su función y no se archiven sin más estos casos.

El informe que mañana conocerá Javier Delgado está lleno de duros ejemplos. Uno de ellos relata cómo en noviembre de 1996, 15 funcionarios de la cárcel madrileña de Soto golpearon repetidamente a un preso y lo dejaron después esposado a su cama. Su delito, haber pedido explicaciones por el corto tiempo de paseo que ese día habían disfrutado los presos. Tras la paliza, fue trasladado al hospital de La Paz, donde se le apreció fractura en una costilla, contusiones y hematomas. Permaneció hospitalizado 10 días y su caso fue archivado por un juzgado de Colmenar Viejo.