Italia dificulta la entrada de extranjeros y establece una cuota fija anual
Las fronteras italianas dejarán de ser lo que los socios europeos han calificado de colador por el que se cuelan cada año miles de inmigrantes clandestinos. Pero el Gobierno aceptará anualmente una cuota de trabajadores "extracomunitarios" para satisfacer las necesidades de las florecientes empresas de Veneto y Lombardía. Estos son los aspectos esenciales de la nueva ley de inmigración aprobada por el Senado el jueves por la noche. Los inmigrantes clandestinos serán escoltados hasta la frontera por la policía y se castigará con hasta 12 años de cárcel el tráfico de seres humanos. Por el contrario, a quienes entren de manera legal en busca de un trabajo, el Estado les ofrece una equiparación legal casi total con la de los ciudadanos nacionales.
Todos los partidos que integran la mayoría del Gobierno de centro-izquierda votaron a favor de una ley que había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre pasado y a la que el Senado no ha añadido ni quitado una coma. La oposición votó en contra —alguno de los partidos menores optó por abstenerse— de un texto "demagógico", pero sólo una fuerza política, la Liga Norte, mostró su rechazo absoluto abandonando el hemiciclo. Para la Liga, la nueva ley propiciará una marroquización del país. Dicho en otras palabras, potenciará la presencia de "extra comunitarios" en un país donde viven ya 1.200.000, según cifras de Cáritas referidas a 1997.
La nueva ley representa al mismo tiempo una amenaza para los 150.000 inmigrantes irregulares que, según cálculos oficiosos, residen en Italia. Aún así, el Gobierno acepta una moratoria que permitirá al menos a una parte de ellos regularizar su situación. En todo caso, quedan pendientes los casos de unos 50.000 inmigrantes ilegales, y sobre este asunto tendrá que pronunciarse el Ministerio del Interior.
A juicio del Gobierno, el nuevo texto —revisable cada tres años— supone una actualización definitiva de Italia con la legislación de los socios europeos. Para empezar, programa el flujo de entrada de inmigrantes de acuerdo con las exigencias del mercado laboral italiano.
Aparte de esta cuota de entrada anual que fijará el Gobierno, la ley crea la figura del "patrocinador", una persona o asociación que se hace cargo del trabajador extranjero y le garantiza un aloja miento, abriendo otra vía de acceso a los "extracomunitarios".
Los inmigrantes que superen los cinco años de estancia en el país desarrollando una actividad laboral tendrán la posibilidad de obtener un permiso de residencia ilimitado que les dará derecho a las prestaciones sanitarias y acceso a las viviendas populares. La equiparación de derechos con los ciudadanos italianos no llega a las urnas. Los inmigrantes no podrán votar.
Intentar disuadir
Pero si el Gobierno se muestra partidario de regularizar con una óptica más humana la vida de los inmigrantes legales, la nueva ley da satisfacción a las peticiones llegadas de otros países, sobre todo del Gobierno alemán, que han criticado la permisividad italiana respecto a las oleadas de clandestinos que desembarcan en el sur camino de Alemania o Francia.
De un lado se trata de disuadir a los inmigrantes sin documentación ni permisos de trabajo de embarcarse en un viaje a Italia que ahora será de inmediato retorno. De otro, se pretende castigar a quienes han convertido la desesperación de centenares de miles de personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor, en un negocio tan lucrativo como el tráfico de drogas o de armas. La nueva legislación contempla penas de entre 4 12 años para los implicados en este tráfico.
