Los taxistas rebeldes desafían al alcalde y mantienen su protesta

Antonio Jiménez Barca Jan Martínez Ahrens

Madrid - 14 feb 1998 - 00:00CET

La reunión mantenida ayer entre los portavoces de los taxistas y el concejal de Circulación y teniente de alcalde, José Ignacio Echeverría, acabó nuevamente con la disidencia de la Federación Profesional del Taxi. Este grupo, que ha promovido las manifestaciones que han colapsado en tres ocasiones la capital, calificó al Ayuntamiento de Madrid de "prepotente" y "antidemocrático", y anunció que mantendrá su protesta para el martes.

Esta manifestación se ha convertido en uno de los ejes de la batalla del taxi. Tras los incidentes del pasado lunes en que los conductores rebeldes atascaron la ciudad durante cinco horas y el aeropuerto de Barajas otras dos, el delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, decidió limitar la siguiente protesta, de forma que los taxistas no pudiesen sacar más de 50 vehículos a la calle.

La resolución gubernamental fue recurrida por la Federación Profesional del Taxi, que consideró que esta restricción vulneraba el derecho de manifestación. El recurso fue visto ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al mismo tiempo que en el Ayuntamiento de Madrid discurrían las negociaciones entre los taxistas y los responsables municipales.

De este debate, aunque había sido convocado por otros motivos, se esperaba que saliese un acuerdo que permitiese la pacificación completa del sector, inmerso en una lucha intestina entre la mayoritaria Asociación Gremial y la citada federación.

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Motivos de la protesta

La fiscal apoya la orden de limitar a 50 la cifra máxima de taxis en las manifestaciones

El abogado del Estado, en una exposición de gran rigor técnico, reconoció que la Delegación del Gobierno tomó la decisión de limitar la manifestación fuera de plazo, pero por un hecho sobrevenido (el colapso sufrido el lunes en la capital) y que, a la vista de lo ocurrido, se iba a repetir este martes, dando pie a un transtorno capaz de poner en peligro personas y bienes.Para García Cobaleda, que se basó en la doctrina constitucional, la limitación es una medida preventiva, que sin prohibir el derecho de manifestarse, sí que evita los principales efectos negativos de la protesta: obstrucción total y prolongada de vías neurálgicas, imposibilidad de prestar servicios esenciales y de acceder a los barrios de la ciudad. Justo los criterios que, según el Tribunal Constitucional, bastan para para prohibir una manifestación.

La fiscal suscribió el informe de García Cobaleda (aunque discrepó en que que el uso de vehículos en una manifestación de taxistas sea meramente accidental) y concluyó: "El peligro es real, efectivo, creciente. Incluso se podría prohibir la manifestación. La limitación, por tanto, es constitucionalmente legítima y ponderada con otros derechos".

Tras esta declaración, la sala octava de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dio la vista por concluida y anunció que la sentencia sería entregada a las partes el próximo lunes.

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