Asunto aparcado

Una amenaza resulta efectiva hasta el preciso instante en que se ejecuta. Es dudoso que la dirección del PNV no tuviera en cuenta esta evidencia cuando el pasado lunes decidió elevar a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa la denuncia de la dispersión de los presos de ETA que ha estado esgrimiendo desde hace año y medio.Algunos medios políticos han valorado la iniciativa del partido de Arzalluz como una respuesta despechada al juego subterráneo desplegado por el ministro Mayor Oreja con el asunto de la protección policial a los concejales vascos del PP. No hay que hacer grandes esfuerzos para describir la creciente irritación que suscita el ministro del Interior en la cúpula del PNV, y no sólo por su política penitenciaria, confiada al quietismo y la pasividad. Sin embargo, pensar que el Euskadi Buru Batzar (EBB) se ha dejado llevar por un impulso sería minusvalorar la complejidad de un partido centenario que raramente improvisa, aunque las voces de algunos de sus dirigentes sugieran lo contrario. La explicación ofrecida por José Antonio Rubalkaba, el presidente peneuvista de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, es demasiado simple. Se ha cumplido, ciertamente, el plazo de tiempo pedido por Mayor Oreja el 20 de noviembre pasado para mostrar una "política más activa" con los presos, una vez marginada HB de la comisión. Pero al PNV no se le escapa que los dos meses transcurridos desde el acercamiento de 15 reclusos de ETA han sido poco propicios para repetir aquel tímido traslado del 8 de diciembre. Los asesinatos sucesivos de José Luis Caso, de José Ignacio Iruretagoyena y del matrimonio formado por Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz han imposibilitado cualquier otro movimiento. Incluso en el caso improbable de que el Gobierno estuviera dispuesto a hacerlo.

El EBB es consciente de esta realidad. Por ello, pese a su inquina a Mayor Oreja, a las presiones que recibe del entorno familiar de algunos presos y a la inercia creada por la propia existencia de la Comisión de Derechos Humanos, no termina de ajustar con la lógica política la puesta en práctica, en estos precisos momentos, de la amenaza de llevar a instancias europeas el asunto de los presos. Cabe preguntarse en consecuencia si no tiene algo de razón la parlamentaria de HB Jone Goirizelaia cuando se barrunta que con el salto a Estrasburgo cabe el riesgo de que los partidos más beligerantes se "laven las manos" y se "olviden" del asunto.

A ocho meses de las elecciones vascas, al PNV no le favorece agitar la cuestión de los presos, por más que la conveniencia del acercamiento haya calado mayoritariamente en Euskadi. Máxime cuando ETA sigue poniendo a prueba con sus crímenes la capacidad de horror de la sociedad. Y el partido de Arzalluz se juega mucho en la cita del 25 de octubre como para aparecer más preocupado por los reclusos de la organización terrorista que por sus víctimas. La denuncia a Estrasburgo implica de hecho el aparcamiento europeo del asunto y el desvanecimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, carente ya de su principal misión. El ruido originado estos días por la iniciativa se desvanecerá por efecto de otra polémica o del tiempo. En cualquier caso, de aquí a octubre hay un amplio margen para el olvido. Ocho meses en Euskadi pueden ser una eternidad.