El informe europeo sugiere realojar a todos los chabolistas de Valdemingómez, incluso a los ilegales

Dominique Rosenberg, profesor de derecho público que ha redactado el informe para el Consejo de Europa, propone un realojo excepcional de todas las familias que habitan actualmente en el poblado de Valdemingómez. Aunque Rosenberg entiende los agravios comparativos que pueden producirse al dar una vivienda a chabolistas no censados de Cañada Real, recuerda que si no se realoja a este colectivo, muchas familias seguirían sufriendo las consecuencias de vivir en un poblado insalubre.

Izquierda Unida, PSOE y PP coincidieron ayer en la necesidad de desmantelar el poblado chabolista, aunque discreparon respecto al excepcional realojo que sugiere el Consejo de Europa.

El diputado Roberto Sanz Pinacho (PP) declaró: "El asentamiento hay que cerrarlo. Es una situación prevista por el Ayuntamiento, que es el que tiene la competencia. A los chabolistas legales hay que darles una vivienda digna inmediatamente, y al resto hay que sacarles de allí y buscarles una alternativa". Elena Vázquez (PSOE) cree que "no se puede realojar de una manera indiscriminada". "Habría que hacer un estudio de cada caso y realojar a los censados inmediatamente y fijar un plazo breve para solucionar el problema de los ilegales. No hay que hacer excepciones, porque hay otros poblados, como el de Boadilla, que pueden estar incluso peor". Virginia Díaz (IU) recordó ayer que el informe del Consejo de Europa confirma las denuncias que la coalición viene haciendo. "El problema no sería tanto el de priorizar unos asentamientos y una población sobre obra como el hecho de que la política de realojos se está produciendo sin resolver el problema de fondo: el realojo definitivo a vivien das dignas, no provisionales".

Presencia Gitana considera que el debate respecto a los chabolistas legales e Ilegales está viciado y "es falso". "El único censo oficial se hizo en 1986, y desde entonces, las' administraciones consideran ilegales a todos los chabolistas", afirma Manuel Martín Ramírez, presidente de Presencia Gitana. "Las 22 familias de Cañada Real que el Ayuntamiento considera legales son las que fueron presionadas para firmar y que se avenían a quedarse allí, en el mismo terreno, indefinidamente. Al resto les amenazaron con considerarlos ilegales. Es un debate interesadamente falseado, porque está contaminado por el Ayuntamiento", concluye Ramírez.