El nuevo gobernador de Chiapas prepara una amnistía para dirigentes zapatistas

Paralelamente al disgusto gubernamental por la información que el mundo recibe de Chiapas -y a la prevista reunión de hoy en Panamá entre la ministra de Exteriores mexicana, Rosario Green, y delegados de la Unión Europea para hablar sobre la situación en ese Estado-, su gobernador Roberto Albores anunció las líneas maestras del plan diseñado por su Administración para pacificar el territorio donde, en enero de 1994, se sublevó la guerrilla encabezada por el subcomandante Marcos. La estrategia preparada por Albores, cuyos detalles serán publicados en los próximos días, establece un programa de desarrollo, una amnistía para los dirigentes sociales encarcelados, la mayoría de filiación zapatista, y el desarme de los grupos paramilitares.

El plan, que será sometido a consulta pública, y a la consideración de los grupos políticos, económicos y religiosos, cuenta con el beneplácito del presidente Ernesto Zedillo. Sin identificar a los presuntos conjurados, Albores pidió, por otra parte, el castigo de "los agentes desestabilizadores extranjeros" en Chiapas, y más concretamente en Acteal, escenario de la matanza de 45 indígenas el pasado 22 de diciembre.

El gobernador que sucedió a Julio César Ruiz, destituido a raíz de los asesinatos, instó al Congreso a legislar sobre los derechos indígenas, y al Ejecutivo de Zedillo y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a que "aprieten" el paso para llegar a una solución negociada de la crisis. "Yo estoy de acuerdo con el planteamiento del secretario Francisco Labastida [ministro del Interior] porque ratifica que el Gobierno federal busca el diálogo y no el uso de la fuerza", declaró al diario Crónica.

La aplicación de los acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas, firmados por el Gobierno y los zapatistas en enero de 1996, divide a los grupos políticos y sociales, ya que es necesaria una reforma de la Constitución.