La Agencia de Protección de Datos abre expediente investigador a IU

La Agencia de Protección de Datos abrió ayer el expediente 69198 para investigar la denuncia presentada por militantes de Nueva Izquierda por la difusión de datos de carácter personal por parte de su antigua organización, Izquierda Unida. Pedro Granados, secretario de organización, convocó una conferencia de prensa para anunciar que había interpuesto una denuncia contra EL PAÍS y el autor de la información sobre la cesión de datos de la coalición a una empresa privada y que IU estudiaba querellarse contra este diario.

La Agencia de Protección de Datos abrió ayer expediente de investigación, el 69/98, a IU ante las denuncias presentadas por Diego López Garrido, Juan Berga y Carlos Méndez (todos de Nueva Izquierda) por la difusión de datos confidenciales de miembros y ex miembros de IU. La denuncia se basa en la operación iniciada por la secretaría de organización de IU, cuyo titular es Pedro Granados, para recabar información de sus afiliados que incluye datos sensibles que gozan de garantías especiales de la Ley de Protección de Datos. Si la inspección determinara que se ha procedido de forma ilegal, la Agencia de Protección de datos abriría expediente sancionador.Las denuncias giran en tomo a varios hechos: la cesión a una empresa privada del fichero de militantes, la automatización del mismo sin consentimiento de sus afiliados, la utilización de datos de ex miembros de IU y la demanda de información que revela la ideología de los interesados -afiliación sindical- sin advertir del derecho a no contestar a este tipo de preguntas.

Granados convocó una rueda de prensa para anunciar que los servicios jurídicos de IU estaban estudiando si en lo publicado había materia -"que creemos que sí"- para presentar un a querella contra EL PAÍS. De momento anunció que él y Gregorio Díaz Dionis, citados en la información, habían tomado la decisión, apoyada por IU, de presentar una denuncia por calumnias y difamación contra el autor de la noticia -al que acusó de falta de ética- y EL PAÍS. Víctor Ríos, coordinador de Presidencia, señaló que la publicación de la información respondía a que IU era molesta para "los poderosos grupos mediáticos y del capital".

Aunque ayer los dirigentes de IU insistieron en la legalidad de la operación, no negaron ninguno de los extremos contenidos en la información publicada por este diario. La discrepancia mayor seda en que para IU no ha habido cesión de datos porque interpretan que se han entregado para hacer un trabajo determinado, peronada dijeron ni de la automatización, prohibida expresamente porla ley sin permiso de los afectados, ni de los demás extremos denunciados por militantes de IU.

Granados negó que hubiera malestar en la organización. Pero dirigentes de Madrid pidieron en la última reunión de la Presidencia que se pidiera formalmente la dimisión de Granados. Ángel Pérez, coordinador de IU de Madrid, rechazó la propuesta. Otras agrupaciones han planteado iniciativas parecidas.

Juan Berga señaló ayer que "humanamente" comprendía que Pedro Granados intentase rehuir su responsabilidad. "Pero ni los afectados ni los medios de comunicación somos responsables de este desaguisado. Es IU quien tiene que dar las explicaciones precisas", afirmó.