El fiscal pide penas de hasta 13 años a políticos de CiU en el 'caso del Priorat'

Un total de 56 años de prisión, 85 años, de inhabilitación absoluta y más de 38 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones. Esta es la totalidad de las penas que el fiscal solicita para los nueve acusados en el denominado caso del Priorat, las irregularidades económicas cometidas en el Consejo Comarcal desde 1992 hasta 1994 bajo la presidencia del dirigente de Convergència i Unió (CiU) Josep María Buil. Además del propio presidente, la fiscalía ha extendido las acusaciones al ex gerente, Enric d'Anguera, de Convergència Democrática (CDC); al secretario-interventor, a cuatro políticos de la comarca -tres de los cuales todavía forman parte del actual equipo de gobierno- y a dos gerentes de las empresas supuestamente beficiadas.

Las conclusiones provisionales del fiscal Felípe Zazurca, remitidas ayer al juzgado de Falset que ha instruido el caso, se centran exclusivamente en diversos programas medio ambientales que llevó acabo el Consejo Comarcal. Es decir, tanto el desvío de subvenciones otorgadas por el Departamento de, Medio Ambiente de la Generalitat como el pago de cantidades milIonarias a dos empresas por informes y trabajos que nunca existieron o que elaboraron los propios funcionarios del organismo.

Todo ello sirve al fiscal para delimitar los delitos que cometieron los nueve acusados: faIsificación de documentos, malversación de fondos públicos y estafa. Sin embargo, el fiscal entiende que de los más de 60 millones de pesetas defraudados ninguno revirtió en beneficio de los imputados.

El documento redactado por la fiscalía, de 14 folios de extensión, es una descripción exhaustiva de graves irregularidades cometidas por D'Anguera bajo el beneplácito de políticos y del secretario-interventor para beneficiar a las empresas Ecológica de Residuos y IEDER. En la primera, estuvo trabajando un hijo del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El fiscal considera que desde el consejo del Priorat se solicitaron a Medio Ambiente subvenciones superiores a las necesarias para financiarse.