La juez imputa un delito fiscal a Pérez Llorca en el 'caso Inverbroker'

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha imputado la comisión de un presunto delito fiscal al ex ministro de la UCD José Pedro Pérez-Llorca y otros ocho directivos de Inverbroker, así como un número indeterminado de clientes de la citada sociedad encargada de la gestión de carteras de valores. La magistrada razona la imputación en un auto que se conoció ayer y por el que transforma las diligencias previas que se seguían por el citado asunto en procedimiento abreviado.

La magistrada ha dado traslado al fiscal Ignacio Gordillo para que formule la correspondiente acusación, lo que se producirá en un máximo plazo de 30 días. El plazo habitual son cinco días, pero la magistrada ha aceptado prorrogarlo debido a la complejidad de la causa.Teresa Palacios precisa en la resolución mencionada que "la instrucción practicada, consistente en las declaraciones prestadas, la voluminosa documentación unida y el informe pericial llevado a cabo revelan la presunta comisión de delito contra la Hacienda Pública, tanto del lado de Inverbroker como del de los clientes inversores". No obstante, será en el escrito de acusación del fiscal donde se precisarán los clientes cuya cuota de fraude supere los 15 millones, en cuyo caso serán acusados de delito fiscal, y los que no superen esa cantidad, cuyos expedientes serán remitidos a la Agencia Tributaria para su persecución administrativa.

Precisamente, el fiscal reclamó ayer las actuaciones para su escrito de acusación. La juez describe la actividad de Inverbroker y las obligaciones de transparencia de los clientes que la Ley de Activos Financieros imponía a las sociedades de administración de patrimonios e intermediarios financieros.

El mecanismo defraudatorio, según la magistrada, consistió en que "Inverbroker ideó la creación de unas sociedades civiles encargadas de. comprar a su nombre letras, bonos y obligaciones del Estado [cuya rentabilidad oscilaba entre el 12% y el 13,69%], comunicando las operaciones a la Administración Tributaria con el NIF de éstas, que no pasaron de ser meras sociedades pantalla en las que desviaban órdenes de compra de pagarés del Tesoro [que tenían una rentabilidad del 5,5%], cursadas por otros intermediarios financieros o por inversores particulares, ocultando en este último caso estas inversiones particulares". Los clientes de Inverbroker obtenían un rendimiento más alto. que si hubieran invertido en pagarés, opacos fiscalmente, pero la sociedad se beneficiaba de la diferencia entre los rendimientos en la desinversión. Ni los unos ni los otros declaraban al fisco lo que realmente habían invertido ni los beneficios obtenidos.

Los gestores de Inverbroker a los que afecta el auto son, además de Pérez-Llorca, Rafael y Jaime Monjo Carrió, Salvador Miras Gómez, Emilio Gilolmo López, Ignacio Riera Rovira, Rafael Oliva, Jorge Solé y Aníbal Caro.

Pérez-Llorca, tranquilo

Pérez-Llorca manifestó ayer que se encuentra tranquilo porque su cargo en Inverbroker era representativo y no ejercía tareas de gestión efectivas, y consideró que. no hay reproche formal en el auto de la juez, informa Andreu Manresa.Este caso se destapó en 1994 al quebrar la filial de Inverbroker en Palma de Mallorca, Brokerval, y huir su responsable, Francisco Berga. El caso fue considerado uno de los mayores escándalos financieros. El juez Miguel Moreiras impuso a cuatro de los ocho imputados la mayor fianza civil de la historia por 105.000 millones de pesetas, aunque luego la dejó sin efecto en enero de 1996.