Los sindicatos policiales critican que las empresas privadas escolten a ediles del PP

Los sindicatos policiales criticaron ayer la decisión del PP de que sus cargos públicos en el País Vasco sean escoltados por miembros de compañías de seguridad privadas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguró que no hay ninguna empresa de este tipo habilitada por el Ministerio del Interior para prestar servicios de escolta, mientras que la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) arremetió contra una medida que, en su opinión, muestra la ineficacia del titular de Interior, Jaime Mayor Oreja".

"No existe ninguna empresa de seguridad habilitada por el Ministerio del Interior para prestar servicios de de escolta", según el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Esta organización recalca, además, que la ley establece claramente que las autoridades públicas, como los concejales, no pueden tener guardaespaldas privados."No existen en este momento en España escoltas privados ni empresas autorizadas para prestar dicho servicio. Cuando se pueda prestar, cualquier ciudadano lo podrá tener, excepto quienes sean autoridades públicas, ya que lo prohíbe expresamente la ley", según José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP.

Sánchez Fornet apela al artículo 17 de la Ley de Seguridad Privada, aprobada por el Parlamento en 1992, que establece: "Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos". Ramón Jáuregui, dirigente del PSOE, se basa en esta disposición para asegurar que la colecta económica abierta por el PP está destinada a "sufragar una actividad prohibida por la ley".

El SUP califica de "bochornoso espectáculo" el suscitado por el PP, al que, sin citar, acusa de practicar "el victimismo demagógico". En ese sentido, recuerda: "ETA ha asesinado a 365 agentes policiales (195 guardias civiles, 143 policías, 21 policías locales y seis ertzainas), además de civiles y militares sin que hayamos presenciado este bochornoso espectáculo".

Tres firmas privadas

El PP tiene contratados los servicios de tres importantes empresas privadas de seguridad, que han proporcionado más de un centenar de guardaespaldas que se ocupan de proteger a concejales y otros cargos del PP en Euskadi, según cálculos de ellas mismas.El SUP asegura que, "a fecha de hoy, no existe ni un solo trabajador de la seguridad privada que haya obtenido la habilitación correspondiente para desarrollar funciones de escolta".

Esta habilitación, según el artículo 10 de la Ley de Seguridad Privada, es concedida por Interior si los aspirantes han superado "las pruebas oportunas que acreditan los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de sus funciones".

El portavoz socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, dijo ayer que las empresas privadas no tienen la capacidad, la tecnología ni la eficacia suficientes para un servicio tan complejo como el de dar seguridad a los ediles del PP frente a ETA.

Por su parte, el secretario general de ANPU, Angel Martínez Sendino, opinó ayer que con la iniciativa del PP de costear con donativos la seguridad privada de sus concejales en el País Vasco "se está tachando a Mayor Oreja de ineficaz desde su propio partido, puesto que ha demostrado ser incapaz de montar una seguridad en condiciones" para sus ediles.

El líder sindical expresó su extrañeza por la solución ideada por el PP y avalada por el Ministerio del Interior, "teniendo en cuenta que la tasa de policía por habitante en el País Vasco es la más alta del mundo", dijo.