La corrupción en la economía japonesa salpica ahora al Ministerio de Finanzas
Dos inspectores bancarios del Ministerio de Finanzas japonés fueron arrestados ayer en Tokio por agentes de la fiscalía, bajo acusación de haber recibido favores de cuatro bancos comerciales a cambio de mantenerles informados de las fechas en que se iban a realizar inspecciones. Son ya tres los funcionarios vinculados al poderoso Ministerio de Finanzas arrestados bajo la acusación de haber recibido sobornos.
La corrupción que corroe el sistema económico japonés como una gangrena no podía explicarse sin importantes complicidades en los organismos oficiales. Y la porquería ha empezado a salir a flote. A media tarde de ayer, dos funcionarios del Ministerio de Finanzas, Koichi Miyagawa, del departamento de inspecciones, y Toshimi Taniuchi, del de Dirección y Administración, fueron detenidos por haber aceptado sobornos. Hace sólo una semana otro ex funcionario era arrestado por filtrar información al banco de inversión Nomura Securities.El primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, comprometido desde comienzos de año a restablecer el equilibrio de las finanzas niponas, lamentó que ocurran situaciones como ésta, y se mostró esperanzado en que los investigadores lleguen al fondo. "No tengo palabras para comentar esta situación", explicó ante las cámaras el ministro de Finanzas, Hiroshi Mitsuzuka.
Si la situación se deteriorase en el Ministerio de Finanzas, el propio Mitsuzuka, defensor a ultranza de las medidas más austeras para estabilizar la economía, corre el riesgo de ser destituido, y la crisis financiera se cobraría una primera víctima.
El arresto de los dos funcionarios se consumó a media tarde, después de que unos 100 funcionarios de la fiscalía registraran los despachos de Miyagawa y Taniguchi. Del primero, de 53 años, se sospecha que recibió el equivalente a ocho millones de pesetas de los bancos Asahi y Dai-lchi Kangyo. Taniuchi, de 48 años, es sospechoso de haber recibido obsequios por 1.900.000 pesetas del banco Sanwa, que además se hizo cargo de facturas por otras 300.000 pesetas a cambio de informes confidenciales. Tras los avisos de los funcionarios a los bancos, las entidades hacían lo necesario para ocultar información comprometedora sobre el estado real de sus cuentas.
