La Asamblea comienza a discutir la jornada de 35 horas

La ley que debe regular la propuesta clave del Gobierno francés, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, comienza a discutirse hoy en la Asamblea Nacional. La defiende la ministra de Empleo y Solidaridad, Martine Aubry, y, al mismo tiempo, le prestan un apoyo crítico, desde la calle, los sindicatos y unas asociaciones de parados que acusan al proyecto de no tener en cuenta las urgencias de la miseria.

¿La semana de 35 horas que quiere imponer el Ejecutivo servirá para crear nuevos puestos de trabajo? La propuesta socialista -35 horas sin pérdida de salario- no es idéntica a la defendida por los socios comunistas (35 horas, pero con salario de 39).Martine Aubry pidió al Observatorio Francés de Coyuntura Económica (OFCE) que, a partir de las previsiones macroeconómicas de crecimiento manejadas por el Gobierno, realizase estimaciones sobre las distintas hipótesis de reducción del tiempo de trabajo.

El modelo teórico ideal del OFCE se funda en un fortísimo consenso social, pues exige que los trabajadores acepten reorganizar su actividad de acuerdo con los ritmos de la empresa y que las cuatro horas menos por semana no sean pagadas.

Si todas esas condiciones se dieran la reducción de un 10% de la jornada se traduciría en una mejora de la productividad del 3%. En tres años se crearían 730.000 nuevos puestos de trabajo, las previsiones de crecimiento se mantendrían, no habría inflación y los trabajadores habrían recuperado, vía aumentos, el 60% del salario perdido. El PIB crecería un 0,3%.

La hipótesis catastrófica del OFCE estudia lo que sucedería si por 35 horas trabajadas se siguieran pagando 39 y los empresarios no hicieran nada por reorganizar el trabajo. En este caso, en el plazo de cinco años el PIB retrocedería más de dos puntos, la inflación se dispararía hasta el 7% y los nuevos empleos, en un primer momento, no pasarían de 380.000, para luego desaparecer.

El Banco de Francia, por suparte, habla en sus previsiones de 710.000 nuevos puestos detrabajo, de una reducción de porcentaje de parados del orden del 2,3% y de un efecto inflacionista mínimo.

Para el Ministerio de Hacienda, que ha manejado tres hipótesis, en un caso habría 600.000 empleos nuevos; en otro, con aumentos de salario importantes, sólo habría 200.000 puestos de trabajo añadidos, mientras que si la ley sólo se aplica en un 50% de las empresas y sin control de salarios, los nuevos puestos quedarían absorbidos por los nuevos trabajadores llegados al mercado laboral. El porcentaje de paro no retrocedería.