Debate premonitorio

El PP presentó en el debate del proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), en 1992, una enmienda para "reforzar la garantía de los datos sensibles", en la que pedía "el consentimiento por escrito" para la cesión de datos.

Visto desde hoy, y tras la intentona de Telefónica de vender los datos de sus abonados, el debate supuso perder una oportunidad de regular eficazmente la cesión de datos personales por parte del sector privado: los diputados hablaban de proteger "datos sensibles" como "ideología, religión, creencia, raza, salud y vida sexual", y no se planteaban que otros datos personales, como el domicilio o el teléfono, el nivel de vida, incluso los datos académicos, fuesen objeto de compraventa.

El PP, -entonces oposición- hizo bandera del "consentimiento del ciudadano", como requisito imprescindible para que sus datos fuesen recogidos, tratados o cedidos.

Los, parlamentarios hicieron infinitamente más hincapié en discutir el peligro del control político o policial -y en la necesidad de que la Agencia de Protección de Datos fuese independiente- que en el problema de la compraventa de datos. Y eso que el 28 de noviembre de 1991, en el dabate inicial en el. pleno del Congreso, el ministro que presentó el proyecto, Tomás de la Quadra-Salcedo, advertía: "El uso más frecuente de datos informáticos amenaza con hacer que el perfil de dada cual pueda ser conocido, si no ponemos barreras, por cualquier persona, en cualquier sitio y en cualquier momento".

El PP, por boca de Loyola de Palacio, estuvo profético: "Con este proyecto de ley no se llega a entrar en esa conjunción que supone la utilización de la informática junto con la telecomunicación". Sólo le faltó decir expresamente "Telefónica".

De Palacio expresó perfectamente las preocupaciones del PP: "Hay que regular los registros privados, y en este proyecto están regulados. Pero, no es ahí donde está nuestra objeción fundamental, el problema es que en este proyecto se habilita a la Administración para quedar, en último término, fuera de todo control". El PP esgrimía el espantajo del control gubernamental: "El espíritu que subyace en este proyecto, y ése es el problema, es un espíritu controlador". El 21 de mayo de 1992, fecha de la aprobación de la LORTAD, De Palacio insistió: "¿Somos conscientes, señorías, de que don esta ley en la mano, una vez aprobada, cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano español puede ser objeto de investigación por un celoso funcionario de las Fuerzas de Seguridad del Estado hasta en los reductos más íntimos?".

Contra este peligro, el PP blandía la vacuna del consentimiento previo del ciudadano. El PSOE defendía ciertas excepciones ligadas, a las investigaciones policiales o a las Administraciones públicas. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya consideraba, según su portavoz José Luis Núñez, que en el proyecto no era "suficientemente correcto el nivel de protección", y pedía que los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se informatizaran y que hubiese siempre control judicial.

En el debate de aprobación, Carlos Navarrete, del PSOE, dijo: "IU y PP han llegado tarde a la democracia. y corren tanto que, como no se frenen a tiempo, se van a salir del mapa ( ... ) Ustedes no están defendiendo una ley con un mayor contenido democrático, porque siempre, ante una ley orgánica, el PP e IU se ponen de acuerdo". Tiempos de acoso y derribo al Gobierno socialista.

Había, con todo, referencias a la "cesión" comercial de datos, pero eran pasajeras. Algunos diputados, cómo José Antonio Santos Miñón, del CDS, incluía en una larga enumeración de bancos de datos, lo mismo al ordenador policial Berta que a las compañías de electricidad, gas y agua, a los grandes almacenes, a los colegios profesionales, a las empresas de marketing... y a Telefónica. Y pedía, para la recogida de datos, "el consentimiento previo y explícito del afectado".

Poco más. Si acaso, en la exposición de motivos -es decir, en los párrafos de más generalidades- unas frases del ministro Quadra-Salcedo sobre la necesidad, en la "cesión" comercial de los datos, de "consentimiento expreso y libre revocabilidad de ese consentimiento". "Hay que poner un dique", señalaba Quadra-Salcedo, "al tratamiento y, sobre todo, a la cesión de los datos, que es el aspecto más delicado". Tan delicado que apenas asomó en el debate. Y ahora, nada delicadamente, está sobre la mesa.