El fiscal anticorrupción pide la reforma de la ley para combatir el cohecho con éxito

La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, tiene serias dificultades para perseguir los delitos de cohecho y falsedad documental desde que entró en vigor el nuevo Código Penal. La rebaja en la prescripción de estos delitos, de cinco a tres años, facilita que algunos de sus autores no puedan ser procesados ni condenados. El fiscal jefe Anticorrupción reconoce el "grave perjuicio" que esto provoca en la persecución de los delitos económicos y señala que esta situación exige la reforma del Código Penal. Varios fiscales consideran que esta nueva norma conlleva una "prescripción escandalosa" y hasta cierta "impunidad".

Cinco constructores implicados en el caso Roldán son los últimos afortunados de las ventajas que la reducción de la prescripción de los delitos "menos graves", entre los que figura el cohecho, genera en algunos imputados. A Mario Caprile, lldefonsoso Aguilar y Manuel Carbajosa, ex presidenle y consejeros de Huarte, respectivamente; a los hermanos Antonio y Manuel Carbajosa, consejeros de Cubiertas y MZOV, y a Carlos Zuazo, presidente de Sierra Comendador, les salvó también la campana de la presripción.Sus empresas pagaron, al menos, 1.000 millones de pesetas encomisiones ilegales al ex director general de la Guardia Civil, según acreditan los informes periciales, pero ninguno de los constructores se ha sentado en el banquillo. La juez instructora Ana Ferrer los procesó, pero la aplicación del nuevo Código Penal, que entró en vigor el 25 de mayo de 1996, les salvó del juicio, al que comparecieron sólo como testigos. La sentencia del caso Roldán, que se hará pública en las próximas semanas, puede condenar a los que cobraron, pero no a los que pagaron.

Cuatro de los acusados en el caso Filesa también se salvaron del banquillo por la prescripción. Aunque esta vez fue por un delito diferente: por una presunta apropiación indebida, un delito "grave" cuyo periodo de prescripción son cinco años. Se trata de los empresarios Juan Romagosa Petit, Pedro Grau Hoyos, Francisco Mas Sardá Casanelles y José Luis de la Torre Sánchez. Y a Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno balear, también le salvó la misma campana, pese a haber cometido un cohecho de 50 millones por las obras del túnel de Sóller, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. En este caso se aplicó, en cambio, el Código Penal anterior, que contemplaba un plazo de prescripción de cinco años.

Delitos "menos graves"

Carlos Jiménez Villarejo se muestra favorable a reformar el Código Penal en el punto referente a la prescripción a los tres años de los delitos "menos graves". "Está dificultando la persecución de algunos delitos en la medida en que la actuación de los fiscales está muy condicionada por los beneficios del plazo de prescripción. Es fácil que alguna actuación, cuando llega a su término, pueda encontrarse con el muro de una prescripción muy breve", dice.El fiscal jefe anticorrupción asegura que esta es la opinión común de los ocho fiscales de su departamento, y destaca que ahora sólo pueden aplicar la legalidad vigente. "No podemos hacer nada salvo criticar esta decisión. Este problema tiene la suficiente trascendencia como para que se aborde la reforma del Código Penal".

Alejandro Luzón, uno de los dos fiscales del caso Roldán, aprovechó la exposición de sus conclusiones definitivas de ese juicio para lanzar un duro ataque al plazo de prescripción de los delitos de cohecho y falsedad documental. "Ese plazo de prescripción que contempla el nuevo Código Penal es escandaloso", espetó ante el tribunal. Además de los constructores citados, tres de los procesados acusados de cohecho y falsedad documental han esgrimido también en su defensa que sus presuntos delitos han prescrito porque han pasado tres años. Lo hicieron Elisa Rodríguez, Agustín Blázquez y José Herminio Lastra, para los que se piden tres años de cárcel.

"El antiguo plazo de cinco años era muy breve. Y el nuevo, objetivamente, beneficia a los delincuentes económicos. En esa clase de delitos es imposible tener la noticia criminal en el momento. Son delitos que tardan mucho en aflorar y la dificultad de la investigación es enorme. Cuando llegas, en muchos casos, ya han prescrito", señala Luzón, destinado en la Fiscalía Anticorrupción.

Su compañero Daniel Campos, fiscal también del caso Roldán, opina lo mismo. "A los constructores implicados en este caso les ha salvado la campana de la prescripción. Éste es un claro ejemplo de las consecuencias de esa rebaja. Todos ellos tendrían que haberse sentado en el banquillo. Esa rebaja beneficia a los delitos menos graves en general". Campos, hoy destinado en la Fiscalía Antidroga, va más lejos y asegura: "Prácticamente, en estos delitos de delincuencia económica se puede llegar a la impunidad".