El PSOE pide la sustitución de los presidentes de empresas públicas una vez que hayan sido privatizadas

, El PSOE considera que con "un Juan Villalonga este país tiene suficiente", en referencia al presidente de Telefónica. Con esta mención, el grupo parlamentario socialista quiere ilustrar su iniciativa parlamentaria para que los presidentes de empresas públicas que sean privatizadas tengan que abandonar el puesto al aplicárseles la ley de incompatibilidades de altos cargos. Según esta norma quien abandona un puesto en la Administración o en la empresa pública debe estar dos años ausente de cualquier actividad empresarial que tenga relación con la materia en la que trabajó en el sector público.

La iniciativa ha sido elaborada por el portavoz de la comisión de Industria del PSOE, Juan Pedro Hernández Moltó, que ayer compareció junto al portavoz del grupo parlamentario socialista, Juan Manuel Eguiagaray, para presentar, esta iniciativa y criticar con dureza la política que el Gobierno lleva con las empresas públicas.

"No queremos que los presidentes de Argentaria, Endesa y de empresas monopolísticas, que fueron designados por el Gobierno, sean después embajadores del poder de ese Gobierno en empresas privatizadas". Eguiagaray añade que "con la coartada" de ser privadas se ven libres de todo control parlamentario. Este punto es especialmente querido por el PSOE ya que está agotando todas las instancias posibles para que los presidentes de las empresas públicas privatizadas puedan ser llamados al Parlamento.

En la proposición no de ley que ayer entró en el Congreso se insta al Gobierno para que en un mes reformen las normas que tienen relación con esta materia con el objetivo de que los presidentes y miembros del consejo de administración de sociedades mercantiles dejen de serlo cuando se proceda a la privatización y hubieran sido nombrados por el Gobierno, algún miembro del gabinete, o por los propios órganos de gobierno de la sociedad mercantil".

Asimisino, los anteriormente citados tendrán "la obligación inexcusable" de comparecer en el Parlamento mientras que las actividades que desarrollen estén sujetas a regulación administrtiva y cuando así sean requeridos por el Congreso". Y se pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se inicie por la Inspección General de Servicios actuaciones administrativas que deberán comprobar que cada sociedad haya seguido el proceso de cambio de empresa pública a privada previsto en la Ley de Incompatibilidades, que deberán estar en el Congreso en el plazo de tres meses.

"Antes de que pueda surgir un nuevo Villalonga hay que poner los medios para que el Gobierno no siga controlando importantísimos medios económicos y centros de poder a través de sus amigos", señaló Eguiagaray.