Polémica inoportuna

LA UNIDAD de los demócratas es una condición imprescindible para luchar contra el terrorismo. En el ámbito político y también en el policial. El asesinato del concejal José Ignacio Iruretagoyena movilizó ayer en un frente de rechazo unitario a) todos los partidos tras la convocatoria del lehendakari Ardanza a la manifestación de Zarautz. Pero al mismo tiempo cobraba cuerpo, en el frente policial, una polémica sobre la capacidad de la Ertzaintza para cumplir su primer cometido, que no es otro que proteger la vida de los ciudadanos. Es comprensible que éstos -en particular, los 166 concejales del PP en el País Vasco, directamente amenazados por ETA- exijan a su policía mayor seguridad. A ningún colectivo humano se le puede proponer como único horizonte vital que resista impávido mientras los pistoleros los van abatiendo. Pero responsabilizar a la Ertzaintza de los asesinatos es, además de injusto -la última víctima había rechazado la escolta-, un error político. Es el tipo de reacción que busca ETA.Cuatro asesinatos en dos años -tres de ellos en los últimos seis meses- revelan sin necesidad de mayores comprobaciones que los concejales del PP en el País Vasco se han convertido en el blanco preferente de ETA. Requieren, pues, un blindaje muy especial, aun a sabiendas de que nunca puede ser completo. Cuando la banda terrorista mata a representantes electos del PP está practicando un chantaje directo al Gobierno. Por tanto, la seguridad de estos concejales es un problema de Estado, que como tal debe ser abordado y resuelto por los responsables competentes. Bueno es que Mayor Oreja y Atutxa hayan decidido reunirse para abordar el problema con seriedad y discreción en lugar de alimentar una polémica abierta que sólo beneficia a los terroristas.

En una entrevista que publica hoy este periódico, el consejero vasco de Interior dice dos cosas: que no aceptará un abordaje del Gobierno central con sus propios cuerpos de seguridad y que si la Ertzaintza necesita ayuda ante un problema concreto no dudará en pedirla. Es este segundo camino el que debería explorarse en caso necesario, y no el primero. A estos efectos no parece muy oportuna la apelación de Fraga a las situaciones de excepcionalidad que contempla la Constitución. Más adecuado podría ser, si llega el caso, invocar el artículo del Estatuto de Gernika que plantea la posibilidad de que el propio Ejecutivo vasco pida el apoyo del Gobierno central.

La serie de asesinatos de concejales del PP crea, lógicamente, una zozobra insoportable en ese partido, pero resulta a todas luces excesivo que el delegado del Gobierno en Vitoria haya pasado en caliente un parte de culpa a la Ertzaintza. Igual que es preciso analizar con frialdad las decisiones técnicas adoptadas en materia de protección y, sin duda, mejorarlas, también habrá que recordar, por terrible que resulte, que la estrategia asesina de ETA no ha nacido con la policía autonómica vasca y que en términos cuantitativos hay récords difíciles de superar cuando la seguridad era cosa de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El País Vasco tiene hoy un policía por cada 150 habitantes, una de las densidades más altas en las democracias occidentales. Se pueden tomar medidas de protección adicionales. Incluso se debe potenciar la Junta de Seguridad que creó el Estatuto de Gernika para coordinar muy específicamente la actuación de las diversas policías en la lucha antiterrorista. Y todo ello debe hacerse de forma discreta. Como dijo ayer el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien conversó con el lehendakari Ardanza, "lo importante es hacer las cosas, no decirlas".

Justamente para evitar que los políticos y dirigentes policiales se tiraran los trastos a la cabeza ante cada asesinato de ETA, según la cercanía de cada víctima, se creó la Mesa de Ajuria Enea, que mañana cumple diez años. Uno de los propósitos era solventar con discreción las diferencias que pudieran surgir sobre la lucha antiterrorista, naturales en una sociedad plural. Lo que entonces buscaba ETA y sigue buscando hoy es dividir y debilitar a los demócratas. Un análisis preciso puede llevar a la conclusión de que conviene introducir cambios en el modelo policial que rige en el País Vasco para dar una mayor eficacia a la Ertzaintza, pero no como resultado de una reacción emotiva. No se olvide que la propia Ertzaintza es también objetivo de ETA. En todo caso, debe prevalecer el diálogo entre los dos Gobiernos, sin imposiciones. Los acontecimientos de estos últimos meses avalan que no puede haber una solución política que acabe con la violencia en el País Vasco si no va precedida, o acompañada, de una solución policial contra la criminalidad de ETA. Por eso el debate sobre la eficacia policial es inevitable. Pero la polémica pública resulta a todas luces inoportuna.