El alcalde de Brunete investiga los negocios de los ediles que intentaron echarle

La batalla de Brunete se recrudece. El alcalde independiente, Julio Fernández, aislado por todos los grupos políticos del Consistorio, ha comenzado a disparar en todas direcciones. Ayer acusó de graves irregularidades urbanísticas a los ediles de la oposición (PP, IU e independientes) que le interpusieron una moción de censura hace seis meses y que intentaron derribarle en diciembre cuando se hallaba convaleciente de un accidente de tráfico; también les acusó de aprovecharse de sus cargos para obtener beneficios económicos. Fernández ha abierto varias investigaciones municipales sobre los negocios de sus adversarios políticos. Los concejales afectados califican la iniciativa del alcalde de "venganza política".Fernández enumeró una a una las investigaciones que ha emprendido: "El funcionamiento ilegal y sin licencia de una residencia de ancianos que pertenece al concejal del PP Vicente Alejo; el establecimiento para la venta de piscinas sobre suelo rústico del también concejal del PP Salvador Robledano; el establecimiento de venta de leña y mantillo, sobre suelo residencial y sin licencia, del concejal independiente Vicente Calderón; la contratación a dedo e ilegal de la portavoz del PP [Concepción Iglesias] como profesora de la escuela municipal de adultos; el funcionamiento sin licencia de la escuela de hípica que pertenece al presidente del PP local [Miguel Pérez]; y, por último, el exceso de edificabilidad en la que ha incurrido una concejala de IU al construir más metros de los permitidos en su vivienda". Sólo se libra de toda acción el concejal socialista, Juan Antonio Turrero.

La portavoz del PP, Concepción Iglesias, retó al alcalde a trasladar "las irregularidades a los tribunales" y añadió que "al esperar dos años para denunciar se convierte en cómplice".