Aznar y Pujol se estudian
YA ESTAMOS en el año en que se decide qué países entrarán en el euro. El examen tendrá lugar en mayo, mediada la legislatura. Esa fecha ha venido considerándose clave para saber si el pacto de gobernabilidad entre el PP y los nacionalistas tendría continuidad hasta el final del mandato de Aznar. Se daba por supuesto que los socios nacionalistas -sobre todo Pujol- no harían nada que pudiera afectar negativamente a las expectativas de superar la prueba de Maastricht. Pero la existencia en el seno de la coalición. nacionalista catalana de sectores partidarios de romper cuanto antes el compromiso con el PP deja un margen para la duda sobre lo que pueda ocurrir después del verano. El encuentro que Aznar y Pujol mantendrán en los próximos días servirá para establecer las condiciones de continuidad del pacto.Desde la oposición se pronostica un año de gran inestabilidad parlamentaria,. y los socialistas advierten incluso que están preparados para un posible adelanto electoral. Tal adelanto podría producirse bien por la ruptura del pacto por parte de Pujol, bien por decisión del propio Aznar, si viera la ocasión de alcanzar la mayoría absoluta que perseguía en marzo de 1996. Para que ocurriera esto último sería preciso que las encuestas detectaran un hundimiento del PSOE que hasta el momento no se ha producido. Una distancia de tres puntos es superable en la campana. La idea de una convocatoria rápida para coger a los socialistas sin candidato decidido y bajo el síndrome del juicio de los GAL, que se celebrará hacia la primavera, es más del sector exaltado de la hinchada aznarista que del presidente del Gobierno. Y el tiro por la culata de Chirac tiene efectos disuasorios claros. La metáfora de la lluvia fina refuerza la prudencia: el objetivo de la mayoría absoluta requiere tiempo.
La posibilidad de una ruptura por parte del nacionalismo catalán tiene más fundamento, pero tampoco parece algo inmediato. Periódicamente se hacen notar los sectores de Convergéncia que fueron reticentes al pacto y que ahora serían partidarios de romper amarras con el PP cuanto antes. Pero el mantenimiento de una cierta incertidumbre forma parte de la estrategia actual de CiU. La singular naturaleza del pacto, sin participación en el Gobierno, es compatible con divergencias como la expresada en tomo a la reforma de la enseñanza de las humanidades, cuando los diputados de CiU se sumaron a la oposición para provocar la derrota del Gobierno. Y la irritación de los nacionalistas ante el voto del PP contra la nueva ley del catalán es más aparente que real: les sirve para mantener en alto la bandera de la identidad en peligro.
Los sectores más radicales del nacionalismo catalán reprochan a Pujol haber pactado sin contrapartidas claras, a diferencia del nacionalismo vasco, que ha obtenido sin apenas desgaste reivindicaciones tan complicadas como la renovación del Concierto y el Cupo y la devolución del patrimonio incautado por el franquismo. Sin embargo, CiU también ha conseguido lo esencial de sus reivindicaciones en el marco de su estrategia gradualista: tanto en lo relativo a la financiación autonómica en general como a la de la sanidad en particular. Y no puede decirse que a Cataluña le haya ido mal. El pasado año su economía creció al 3,7%, varias décimas por encima de la media, y la Cámara de Comercio de Barcelona ha pronosticado para 1998 un crecimiento no inferior al 4%. Uno de cada cuatro nuevos empleos creados en 1997 lo fue en Cataluña.
Ése es uno de los argumentos de Pujol para frenar a los sectores más rupturistas de su partido: la estabilidad política es condición para el crecimiento económico, y no hay por el momento alternativa a la situación actual. El otro argumento es que unas condiciones de bonanza económica y gobierno sin mayoría absoluta son óptimas para sentar las bases de un acuerdo a largo plazo sobre lo que los nacionalistas catalanes consideran principal asunto pendiente: la singularización de su autonomía, especialmente en el terreno de la Financiación.
El encuentro entre Aznar y Pujol servirá seguramente para que ambos fijen las condiciones para prolongar ese statu quo hasta donde les sea posible. Es decir, un año más, aproximadamente.
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