Guardaespaldas para 212 objetivos

Un intento de robo en el coche que un concejal popular guipuzcoano tenía aparcado en el centro de San Sebastián, la pasada Nochebuena, hizo cundir la alarma en las fuerzas de seguridad del Estado y puso en alerta roja el nuevo sistema de protección que el PP ha establecido para proteger a sus 212 miembros electos en el País Vasco, objetivo prioritario de ETA. Tras el asesinato del concejal de Rentería José Luis Caso el pasado día 11, hasta el último edil popular en el País Vasco está obligado a ir acompañado de un servicio de escolta impuesto por el partido.El dispositivo de seguridad recién estrenado ha producido en los primeros días de su puesta en marcha más de un desajuste y muchos sustos. El exceso de celo de los nuevos escoltas, unido al desconocimiento en algunos casos de la realidad de Euskadi -varios de ellos han sido traídos de fuera del País Vasco- y a la tensión en la que están obligados a vivir los ediles populares y sus familias ha creado una proliferación de falsas alarmas, lo que ha introducido mas tensión en su ya difícil situación personal.

Una falsa alarma, por ejemplo, como la del citado intento de robo en el coche del concejal guipuzcoano. El afectado encontró abierto el vehículo que había aparcado en una céntrica calle donostiarra cuando lo había dejado cerrado con llave. El incidente hizo barajar la posibilidad de que algún activista de ETA hubiera pretendido colocar un artefacto en el vehículo -se da la circunstancia de que, por motivos de seguridad, el coche era alquilado-, hasta que, días después, se ha descartado por completo esta hipótesis.

No es la única situación de sobresalto que se ha producido estos días en el entorno de los cargos electos del PP. La realidad comprobada de que ETA suele evitar atentados sangrientos en el periodo navideño no tranquiliza a los populares ni a sus familias. Sobre todo cuando en el comunicado del pasado día 18, en el que la banda terrorista reivindicó el asesinato de Caso, reiteraba expresamente sus amenazas "hasta al último concejal" del PP.

El atentado frustrado contra la concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián Elena Azpiroz, confirmado en el mismo comunicado etarra, evidenció que el hecho de ser mujer no evita estar en el punto de mira de un comando terrorista. Ya no son sólo los hombres los que cuentan con custodia policial o privada, como se decidió a raízdel asesinato del edil de Ermua Miguel angel Blanco, en julio pasado.

A partir de la acción frustrada contra Azpiroz, en la que resultó herido su guardaespal-das José María Lobato, de 27 años, el PP abandonó el sistema de protección compartida que hasta entonces había establecido en algunos casos excepcionales. Todos los concejales, sin distinción de sexo, se han tenido que acostumbrar a andar acompañados y a observar una estricta disciplina de autoprotección.

El mismo día en que el comando Donostia de ETA hirió de gravedad al escolta de Azpíroz, el pasado día 5, el PP contrató los servicios de varias empresas de seguridad. En pocas horas se desplazaron desde Barcelona al País Vasco numerosos guardas jurados a los que se fue asignan do la vigilancia personalizada de todos sus cargos electos.

Sin embargo, el partido no forzó entonces a todos los ediles a adoptar esta medida. El concejal de Rentería, José Luis Caso, precisamente uno de los que se resistió, se lo puso más fácil a los terroristas al no aceptar que un escolta le acompañara en sus desplazamientos. Ahora, ésta es una obligación incuestionable.

Además de Carlos Iturgaiz, presidente del PP en Euskadi, los cinco diputados y los senadores de este partido cuentan con escolta policial. Ahora, ante la ofensiva de ETA contra los militantes del partido de José María Aznar, la protección se ha extendido a todos los ediles -75 vizcaínos, 57 alaveses y 34 guipuzcoanos-, a los que se ha incluido en el plan. El PP tendrá que gastar en la seguridad de sus electos unos 600 millones al año.