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EL 'CASO FILESA'

Navarro espera la libertad y los 23 condenados de HB también la pedirán

Carlos Navarro, ex diputado socilalista condenado a 11 años de carcel por su implicación en el caso Filesa, espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre su excarcelación una vez que ya ha sido puesto en libertad el ex senador Josep María Sala, condenado en la misma causa. Por su parte, los abogados de los 23 miembros de la Mesa de Herri Batasuna condenados a siete años de cárcel cada uno por colaboración con ETA ultiman sus recursos de amparo, en los que también pedirán al Tribunal Constitucional su excarcelación mientras se tramitan.La resolución dictada ayer por el Constitucional suspendiendo la pena de privación de libertad de Sala es considerada en medios jurídicos próximos a los abogados de Navarro "perfectamente aplicable" a su patrocinado. Señalaron que para la suspensión acordada, el Constitucional pone el acento en la irreparabilidad del daño producido al privado de libertad, mientras que la referencia a la entidad de la pena "resulta insignificante", según estas fuentes.

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En cuanto a los recursos de amparo que preparan los abogados de los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB, distintos, letrados aseguraron ayer a EL PAÍS que solicitarán la puesta en libertad de sus patrocinados. Sin embargo, en caso de que el Constitucional admita a trámite los recursos de amparo y acceda a la puesta en libertad de la cúpula de HB mientras se tramitan, las excarcelaciones no se producirían hasta el año próximo, ya que los recursos no se interpondrán probablemente antes del 27 de diciembre, fecha en que termina el plazo de 20 días desde la notificación de las sentencias condenatorias, según los abogados mencionados.

En caso de que estos recursos de amparo no sean admitidos a trámite, se acelerará la presentación de las respectivas demandas contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, decisión prevista, según informó el letrado de los dirigentes de HB encarcelados, Íñigo Iruin. Dichas demandas exigen agotar la vía interna, que acaba en el Tribunal Constitucional.

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