Frei apenas gana

LAS ELECCIONES parlamentarias de Chile han demostrado la solidez del apoyo electoral de que disfruta desde hace siete años la coalición gubernamental presidida por el democristiano Eduardo Frei, pese a haber perdido cinco puntos respecto a los anteriores comicios. Pero también la continuidad de un sector considerable de la sociedad chilena que apoyó al régimen militar encabezado por el general Augusto Pinochet (1973-90). Este grupo vota en democracia por partidos que defienden la permanencia del dictador en la Cámara alta como senador vitalicio y consideran legítima la vigencia de una Constitución redactada durante la dictadura y que exige mayorías cualificadas inalcanzables en la práctica para ser modificada. El repunte de este sector, y las trampas a las urnas establecidas en la Constitución de 1980, han derechizado más el Senado.La coalición de gobierno, de centro-izquierda, supera nuevamente el 50% de los votos. Se asegura así una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. De los 48 escaños asignados a la Cámara alta, la Constitución reserva ocho a los herederos directos de la dictadura militar: uno a Augusto Pinochet con carácter vitalicio, cuatro a generales designados por las Fuerzas Armadas y tres a magistrados de la Corte Suprema, que en su mayoría proceden del régimen anterior.

A ello se suma que cualquier reforma constitucional que afecte, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas exige una mayoría de dos tercios en cada una de las Cámaras. Dada la composición del Senado, al general Pinochet le basta sumar a los suyos el apoyo de otros ocho senadores salidos de las urnas para bloquear cualquier propuesta de la mayoría gubernamental que pretenda reducir el enorme peso institucional que los militares conservan en el país.

El marco constitucional establecido por el viejo dictador en 1980 se perpetúa de esta forma a través de un sinfín de trucos programados en su día precisamente para hurtar soberanía al electorado. El altísimo nivel de abstención (un 40%) en un país en el que la participación es obligatoria podría ser un índice del desinterés de la ciudadanía por un sistema sometido a tales cortapisas: pero ese desinterés favorece las expectativas de los inmovilistas.