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Los seis meses del 'clan Roldán' en el banquillo

Los ocho procesados, para los que se pide 64 años de cárcel, se han protegido con su silencio

José María Irujo

El clan funcionó hasta el final. Los fiscales Alejandro Luzón y Daniel Campos lo intentaron hasta la extenuación, pero los seis meses que ha durado el juicio contra Luis Roldán no han sido suficientes para romper el silencio que ha unido como una piña a los principales procesados en la vista del caso más sonado de corrupción en la reciente historia de España. Un escándalo sobre el que Felipe González, entonces presidente del Gobierno, confesó a Juan Alberto Belloch, su ministro de Justicia e Interior: "Esto se puede llevar a un Gobierno por delante".Más de diez mil folios de sumario, miles de preguntas, cien testigos y sesiones maratonianas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no han conseguido quebrar la firme actitud de todos los acusados y, en especial, la del ex director general de la Guardia Civil y la de su testaferro Jorge Esparza Martín, para los que se piden 32 y 15 años de cárcel, respectivamente, por delitos de malversación y cohecho, entre otros.

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Los labios de Roldán y Esparza siguen sellados. Ninguno ha hecho el más mínimo amago de vender a su compañero de banquillo. Se han negado a contestar a centenares de preguntas. En especial a todas las relativas a la trama suiza, donde los miembros del clan y sus familias depositaron más de 3.000 millones de pesetas. El ex director comercial de Huarte, calificado por los fiscales como el cerebro del grupo, fue el introductor de todos en Ginebra y el que ingresaba el dinero en sus cuentas.

En un intento desesperado por salvar a sus clientes, Eugenio Rubio, letrado de Roldán, y Gonzalo Rodríguez Mourullo, el penalista que defendió a Esparza, acusaron al contrario de ser el responsable del delito de cohecho que se imputa a sus respectivos defendidos. Pero no dieron datos, ni detalles a cerca de cómo, dónde o por quién se cobraban las mordidas a los constructores.

El silencio de los dos principales procesados ha sido especialmente prolongado cuando se les ha interrogado por otros dos significativos miembros del clan: Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, ex presidente socialista del Gobierno de Navarra y ex consejero de Obras Públicas de esa comunidad. Ambos están procesados en Pamplona por un presunto delito de cohecho continuado. El fiscal pide para ellos 11 once años de prisión, y serán juzgados la próxima primavera.

Frente al escudo protector levantado por Roldán delante de todos sus presuntos cómplices, el ex director de la Guardia Civil se ha defendido acusando a sus jefes, en especial a Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y a José Luis Corcuera, ex ministro del Interior, a los que responsabiliza de entregarle 500 millones en sobresueldos.

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Y ha citado al PSOE como receptor de las comisiones de obras que él recaudaba. Pero el rastro del dinero ha demostrado lo contrario. Durante siete años, los gastos de sus cuentas millonarias suizas sólo tenían un beneficiario: él, su esposa, sus hijos, su familia política y sus socios de clan. No aparece ni un sólo céntimo transferido a su partido. Sólo compras de chalés en San Bartolomé (98 millones), un piso en París (108 millones), obras de arte de Christie's (16 millones) y relojes Patek Philippe (4 millones).

Patrimonio. La sociedad Europe Capital S.L., bajo cuyo nombre escrituró Roldán la compra de siete pisos y chalés, ha sido la columna vertebral del juicio. Todas las acusaciones han coincidido en que esta sociedad patrimonial fue creada para ocultar un rosario de bienes sin despertar sospechas. Su capital social se nutrió de comisiones ilegales de obras. Los fiscales han dicho que era imposible que el entonces director de la Guardia Civil comprara viviendas valoradas en más de 500 millones con un sueldo de 11 millones de pesetas brutas. Además, tenía que pagar 250.000 pesetas mensuales a su ex mujer Angeles Cimorra. Las otras cinco casas adquiridas por Roldán antes de separarse de Cimorra no han sido citadas y han quedado al margen del proceso.

Comisiones ilegales. Más de 1.200 cheques fueron fraccionados y entrecruzados para borrar su origen, según han dictaminado los peritos judiciales. La mayoría habían sido emitidos por las constructoras Huarte, Cubiertas MZOV, Obrascón, Lain, Aspica y Sierra Comendador, favorecidas todas ellas con obras de cuarteles de la Guardia Civil. Y acabaron en las cuentas personales de Roldán, y de otros procesados, en el BBV.

Mientras el ex director de la Guardia Civil aseguró en el juicio que ignoraba el ingreso en sus cuentas de centenares de millones de pesetas procedentes de estos talones, expuso una versión exculpatoria sobre un supuesto cobro de comisiones ilegales del PSOE en las que él sólo actuaba como correo. Según su versión, Eduardo Gómez Basterra, coordinador de la secretaría de Ramón Rubial, presidente del PSOE, le entregó durante varios años decenas de paquetes con dinero de comisiones ilegales por obras que le llevaba personalmente a la dirección de la Guardia Civil. Pero dijo no haberle visto jamás. ¿Y cómo sabía que era él?, le preguntó el fiscal. "Porque decía llamarse así", contestó. Basterra negó ante el tribunal estas acusaciones y el fiscal las calificó de "alucinantes". El registro de entradas a la Guardia Civil indica que ninguna persona con ese nombre ha visitado dicho centro.

Las declaraciones de los constructores implicados fueron muy significativas. Salvo Juan Jove Sela, dueño de Sierra Comendador, que reconoció que pagaba a Esparza comisiones de más de 100 millones en vestíbulos de hoteles madrileños, el resto no supo explicar por qué 800.122.357 pesetas de sus empresas acabaron en las cuentas de Roldán. Todas, salvo Aspica, utilizaron facturas falsas "y buscaron un muerto de cara al juicio para salvar su responsabilidad", dijo el fiscal.Mario Caprile, ex presidente de Huarte, llegó a. negar hasta que Esparza fuera director comercial de su compañía pese a que éste le consiguió 17.000 millones en obras de la Guardia Civil. Y se amparó en la figura de un muerto: Alfonso Ochoa de Olza, un antiguo empleado de la compañía, para explicar las facturas falsas en las que camuflaban el pago de las comisiones ilegales. Sólo a Roldán, Huarte le abonó 558.878.588 pesetas.

Fondos reservados. El argumento de los sobresueldos ha sido el más utilizado por Roldán para explicar su fortuna. Y a medida que avanzaba el juicio su abogado elevó la cifra de las gratificaciones para que le cuadraran las cuentas, según las acusaciones. El fiscal Alejandro Luzón calificó de "vergonzante desfachatez y bajeza aterradora" esta excusa del procesado y aseguró que no cobró sobresueldos con cargo a los fondos reservados sino que se apropió de ellos para su enriquecimiento. Luis Gayo, abogado del Estado, sugirió la posible existencia de un sobresueldo de cinco millones mensuales entregados por Vera. Ambos coincidieron en que Roldán cometió un delito de malversación de, al menos, 235 millones.

Los talones de fondos reservados, que ascendieron a 435 millones, fueron transformados en decenas de cheques del BBV y se endosaron a una cuadrilla de parados, albañiles y carpinteros, cuyas firmas fueron falsificadas.

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Sobre la firma

José María Irujo
Es jefe de Investigación. Especialista en terrorismo de ETA y yihadista, trabajó en El Globo, Cambio 16 y Diario 16. Por sus investigaciones, especialmente el caso Roldán, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Ortega y Gasset y el Premio Internacional Rey de España. Ha publicado cinco libros, el último "El Agujero", sobre el 11-M.

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