La ministra francesa de Justicia sugiere divorcios rápidos en las alcaldías al margen de los tribunales
"En el fondo, ya que los esposos se han casado ante el alcalde, ¿por qué no imaginar que el matrimonio pueda disolverse de igual manera a partir del momento en que los dos miembros de la pareja están de acuerdo? Es una cuestión importante porque también hay que procurar no debilitar el matrimonio", decía hace pocos días la ministra de Justicia francesa, Elisabeth Guigou.Los abogados han puesto el grito en el cielo y han hablado de "matrimonios de usar y tirar", de "familias entregadas al caos" y de reino de "la ley del más fuerte" para defender su presencia y la del juez en cada una de las más de 120.000 causas de divorcio que se juzgan cada año en Francia.
La propuesta de la ministra sólo afectaría a la mitad de los casos, aquéllos en que existe "común acuerdo". Elisabeth Quigou considera que "el derecho no ha evolucionado al mismo ritmo que la sociedad" y quiere que el alcalde que es en Francia la autoridad civil ante la que se contrae matrimonio, sirva también de testimonio de esos divorcios. Los tribunales se verían liberados de entre 50.000 y 60.000 casos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para la Justicia. Los particulares se ahorrarían entre 7.500 y 15.000 francos (entre 185.000 y 370.000 pesetas) de gastos de abogado. Una en cuesta reciente aseguraba que el 70% de los franceses era favorable a esa posibilidad de divorcio "desjusticializado".
Los divorcios equivalen a un 10% de los asuntos civiles tratados en los juzgados y el 28% de las consultas que reciben los abogados. Entre 1962 y 1995, en Francia, el número de divorcios se ha multiplicado por 3,5 y el de matrimonios, por 1,7. Los parisinos, protestantes e intelectuales son quienes más a menudo recurren al procedimiento del común acuerdo.
La sugerencia de Elisabeth Guigou ha encontrado un amplio eco favorable excepto entre los sectores que defienden intereses corporativos, los muy católicos o quienes consideran peligroso convertir en problema administrativo una cuestión de orden legal.
