Destruir las minas

EL CONVENIO de prohibición de las minas antipersonas, que entre ayer y hoy suscribirán en Ottawa 125 países, tiene no sólo una incuestionable fuerza moral, sino también indudables efectos prácticos: ha puesto en marcha el proceso de eliminación de un arma especialmente cruel, puesto que no diferencia entre combatientes y no combatientes. Ahora es necesario redoblar los esfuerzos y las presiones internacionales y sociales para que acaben por sumarse todos los grandes países vergozosamente ausentes de este acuerdo: Estados Unidos, Rusia (pese a la promesa de Yeltsin), China, India y Pakistán, y algunos no tan grandes, pero que demuestran que viven sobre un polvorín, como son la mayor parte de las naciones de Oriente Próximo.Estados Unidos quiere preservar estas armas asesinas y baratas para la defensa de Corea del Sur, pero ha hecho saber que renunciará a ellas en el año 2006. Mientras tanto, llevado por su doble moral, ampliará de modo significativo -hasta 77 millones de dólares (unos 1.100 millones de pesetas)- su programa para desactivar y retirar las minas que están escondidas en diversos terrenos de reciente o remoto enfrentamiento bélico.

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que recibió el pleno apoyo del Gobierno canadiense y del último Comité Nobel de la Paz, puede estar orgullosa de lo logrado en una causa a la que aportó su impulso personal Diana de Gales, que ayudó a su popularización. Es una prueba de la influencia que van cobrando las organizaciones no gubernamentales en la configuración del nuevo orden mundial. Hoy son 125 los signatarios, y hace algo más de un año eran sólo una cincuentena los que dieron los primeros pasos en Ottawa.

Tras la firma de este tratado, la prioridad -que requerirá cuantiosos fondos- debería centrarse en desactivar las minas antipersonas que, en número de 60 a 120 millones, están enterradas en más de 60 países y matan o mutilan a más de seis decenas de personas cada día. No se pueden escatimar esfuerzos con estos fines, o de otro modo -como señaló ayer el secretario general de la ONU, Koffi Annan-, la victoria lograda en Ottawa "se quedará vacía".

El convenio preparado en la conferencia de Oslo en septiembre y suscrito ahora prohibe la fabricación, almacenamiento, exportación y empleo de estas armas. Entrará en vigor para todos en cuanto lo hayan ratificado 40 de los países firmantes, que dispondrán de un plazo de cuatro años para destruir los efectivos de minas que aún conserven en su poder y de 10 años para limpiar los campos sembrados de estos explosivos. El tratado falla, sin embargo, por la ausencia de un sistema eficaz de verificación sobre el cumplimiento de sus términos.

En este sentido debe ser bienvenida la intención española de destruir en tres años -sin agotar el plazo máximo del tratado- las 850.000 minas antipersonas que dice poseer el Ministerio de Defensa. El Ejecutivo de Aznar ha declarado la intención de ser uno de los primeros 40 países en ratificar el convenio. El Gobierno compensa así las reticencias iniciales que tuvo ante este tratado, basadas en la idea de que Ceuta y Melilla se podrían defender en buena parte de un posible ataque por medio de unos perímetros minados. España se suma a una iniciativa que hará al mundo más seguro y menos monstruoso.