Contrasentencia

EL ANÁLISIS que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco sobre la sentencia condenatoria de los dirigentes de HB por aprobar la difusión de un vídeo de ETA en sus espacios electorales responde a las pautas habituales de conducta política que suele esgrimir este partido cuando se enfrenta a cuestiones relacionadas con el terrorismo o su entorno político. El PNV cultiva una imagen de elegante equidistancia que desde la defensa del sistema democrático le lleva a conclusiones que a menudo utilizan en beneficio propio los partidarios del crimen como instrumento político.En el comunicado leído ayer solemnemente por el propio Arzalluz, la de cal es la afirmación de que "ni el PNV ni la gran mayoría de este pueblo apoyará la huelga general convocada para el día 15", la declaración enfática de que el partido "no tiene motivo alguno para apoyar a HB y menos a los miembros de su ejecutiva", y la percepción de que "no habrá en el País Vasco más lágrimas por el encarcelamiento de los miembros de la Mesa Nacional que las que derramen sus propios seguidores". Es decir, el órgano ejecutivo del PNV se niega a apoyar las movilizaciones que convoca HB y se desentiende de la suerte que puedan correr sus máximos representantes políticos.

Pero, a continuación, se desliza a través de unas consideraciones "técnico-jurídicas" que sin duda HB va a explotar al máximo. De entrada, resulta chocante que la respuesta política de un partido a una sentencia del Tribunal Supremo sea un rosario de "consideraciones técnico-jurídicas" que tienen todo el aire de una contrasentencia, por mucho que trate de evitar un rechazo frontal mediante el subterfugio de que no puede adherirse al fallo. La idea central del documento nacionalista es que el Supremo "criminaliza" la defensa de la autodeterminación y la independencia. Es recurrente esta obsesión del PNV por descubrir propósitos de criminalización en cualquier crítica a los planteamientos nacionalistas, que son sin duda defendibles en una sociedad democrática, pero también son criticables. Pero es que en este caso concreto el mensaje que se desprende de los argumentos jurídicos de la sentencia es justamente el contrario del que propone el PNV: lo que se castiga no es la defensa de unas determinadas ideas o programas, sino la pretensión etarra de imponerlas por la fuerza; no la defensa de la autodeterminación o la independencia -incluso si son conceptos ajenos a la Constitución-, sino la voluntad de condicionar mediante la violencia la asunción -o no- de esos u otros conceptos políticos.

Por ello, si de verdad hubiera en el mundo de ETA y HB la voluntad de sustituir el independentismo coercitivo, con caracteres fascistas, por un independentismo civil (como el de Esquerra Republicana en Cataluña o Eusko Alkartasuna en el País Vasco), sus teóricos podrían encontrar argumentos en esta sentencia. Lejos de entender así la sentencia, el PNV se empeña en alimentar la confusión de quienes consideran que sus particulares puntos de vista no son tales, sino evidencias que todos deben aceptar. Cuando existe una organización armada dispuesta a tomarse al pie de la letra cualquier discurso sobre derechos vulnerados, opresión insoportable, etcétera, alimentar esa confusión resulta gravemente irresponsable. Lo que aconsejaría la situación sería lo contrario: tratar de reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, canalizar hacia ellas las reivindicaciones de la sociedad y evitar el descrédito institucional con presunciones poco fundadas sobre las decisiones judiciales.

La contradicción final que revela el comunicado del PNV es que, a pesar de sus críticas -que parecen sugerir unas condenas más leves-, no ofrece opciones a la sentencia del Supremo. ¿Debían los tribunales y las instituciones democráticamente elegidas, en opinión del PNV, mirar hacia otro lado y dejar que un espacio electoral se ocupara de manera ilegítima con un mensaje proterrorista? O, dicho de otro modo: ¿es la impunidad una alternativa recomendable? El PNV sabe que no, con toda seguridad.