Roldán acusa a Esparza de ser el autor del cohecho a las constructoras

Jorge Esparza, ex director comercial de Huarte, blanqueaba el dinero negro de sus empresas con el de Luis Roldán, según manifestó ayer Eugenio Rubio, el abogado del ex director general de la Guardia Civil, durante la exposición de sus conclusiones definitivas ante el tribunal que juzga el caso. La tesis exculpatoria del procesado se basó en achacar a su antiguo socio y amigo todos los delitos de los que se le acusa y, sobre todo, en presentarse como una víctima "del sistema de corrupción generalizada del país".

Eugenio Rubio volvió a presentar a Luis Roldán, su cliente, como una víctima. Víctima de la prensa, que descubrió sus tropelías "y dañó su imagen y su honor"; del tribunal, al que ha recusado "por su parcialidad"; del fiscal y los peritos, que "no deberían dormir tranquilos"; de los testigos "cuyas declaraciones estaban preparadas"; de su partido, el PSOE, "que lo ha convertido en chivo expiatorio", y de sus superiores, "que deberían estar sentados con él en el banquilloEl ex director de la Guardia Civil no cometió delito alguno, salvo el de adjudicar obras sin concurso. Los centenares de cheques de varias constructoras que se abonaron en sus cuentas nada tienen que ver con Roldán, para el que los fiscales piden 32 años de cárcel. La explicación la tiene Jorge Esparza. El que fuera administrador de su sociedad, Europe Capital, y tutor de su hijo fue, según Rubio, el que cometió presuntamente los delitos de cohecho sin que lo supiera nunca su defendido.

Esparza aceptó con aparente resignación las acusaciones que le lanzó el abogado de su ex socio y amigo. Durante las cuatro horas de sesión, ninguno de los dos se dirigió la palabra. El distanciamiento entre sus defensas salió a la superficie. "Esparza utilizó el dinero de Roldán para lavar el de sus empresas y el de otras personas a las que administraba sus sociedades", afirmó Rubio.

Pero el letrado incurrió en contradicciones, ya que, mientras aseguraba que Roldán fue ajeno al cobro de comisiones ilegales -más de 800 millones de pesetas acreditados-, volvió a esgrimir la tesis en la que sostiene que se limitaba a trasladar a Suiza las mordidas que recaudaba su partido.

Sobre los centenares de millones de pesetas de fondos reservados de los que Roldán se apropió, Rubio volvió a sustentarse en la tesis de los sobresueldos. Así, pretendió convencer al tribunal de que recibió por ese concepto 500 millones, cifra que ha ido elevando durante el proceso para justificar sus millonarios ingresos.

Rubio insistió en que estas cantidades le fueron entregadas a Roldán por Rafael Vera, entonces secretario de Estado para la Seguridad, y calificó el sumario como el de "los intocables" porque "los grandes ausentes en el banquillo son Vera, José Barrionuevo, José Luis Corcuera [ambos, ex ministros del Interior] y José María Rodríguez Colorado [ex director general de la Policía]".

Lo más chocante de la intervención de la defensa de Roldán fue la crítica a Francisco Paesa, al que llamó "el más intocable de todos". Especialmente, cuando hay pruebas de que los 1.700 millones que ocultaba el procesado en Suiza están ahora bajo su control. En este sentido, Rubio echó en cara a los fiscales el que no le imputaran estos delitos a Paesa cuando se le tomó declaración en 1995. Y se preguntó por qué se han adoptado las primeras iniciativas contra él hace apenas dos semanas.

En el apartado de "los intocables", Rubio incluyó a los constructores implicados y que no han sido procesados al haber prescrito los delitos de cohecho de los que se les acusó. Por ello reprochó a la acusación popular presentada por el empresario José María Ruiz-Mateos que, tras solicitarlo, renunciase al procesamiento de aquéllos "porque se trataba de empresarios". "Hay rumores de acuerdos económicos entre el letrado de esa acusación y los constructores", dijo.

Rubio negó el delito de estafa del que acusan a Roldán y aseguró que, en realidad, fue uno de cohecho de Esparza, que habría cobrado una comisión ilegal a los constructores Enrique Aldama, presidente de Laín, y José Luis Villalba, de Obrascón, adjudicatarios de un tramo de la autovía de Leizarán. Cheques por valor de más de 80 millones emitidos por esas sociedades acabaron en las cuentas de Roldán.

Los constructores declararon que ese dinero lo pagaron por un supuesto servicio de contravigilancia en la mencionada obra. Rubio asegura que "unos talones que han servido en un juzgado de Pamplona para acreditar un presunto delito de cohecho sirven ahora en Madrid para un delito de estafa". Fuentes de la fiscalía señalaron ayer que no se trata de los mismos cheques.

La defensa de Roldán negó también que éste tenga nada que ver con el delito de falsedad que presuntamente cometió Jorge Prieto, el director de la oficina del BBV en la que todos los miembros del clan tenían sus cuentas.