Arranca el proceso contra Conde y otros 10 acusados

El fiscal Luis López Sanz solicitó ayer un aplazamiento, antes de pasar a considerar las cuestiones procesales previas, nada más abrirse la primera sesión del juicio oral del caso Banesto. Argumentó la ausencia de tres sociedades que son responsables civiles subsidiarias (es decir que en caso de condena deberán hacerse cargo de la indemnización de. daños y perjuicios) y a las que no se les ha dado tiempo necesario para presentar abogado y escrito de defensa. El fiscal expresó su preocupación por la posible utilización de dicho defecto formal para conseguir la nulidad de las actuaciones.Según López Sanz, las sociedades Jamuna (Suiza), Asni Investments y Doña Ascensión, para quienes se solicita indemnizaciones millonarias caso de sentencia condenatoria, no habían podido cumplimentar por causas ajenas a ellas los trámites que se requieren para su presencia en juicio.

Jamuna, implicada en la llamada trama suiza de Mario Conde, responderá una presunta estafa por la operación Isolux. Pero la notificación a Jamuna, vía comisión rogatoria urgente, se envió la pasada semana. Asni Investments ha recibido notificación, pero no ha nombrado abogado ni presentado escrito de defensa. Y para Doña Ascensión, sociedad de Mariano Gómez de Liaño, no ha vencido el plazo de personación.

El fiscal añadió otras razones procesales, pero centró la petición de aplazamiento en la cuestión de las citadas sociedades. "El tribunal debería, a nuestro entender, decidir con exclusión de otras cuestiones previas la suspensión", dijo. Esto es: retirarse a deliberar y aprobar la inminente suspensión.

Cuestiones previas

El presidente del Tribunal, Siro García, explicó primero que podían tratarse las cuestiones previas de todas las partes, tanto acusaciones como defensas, en el marco del juicio oral, lo que a su vez daría tiempo a que el problema suscitado con las tres sociedades en cuestión se resolviese. Las cuestiones procesales previas, según se estima en fuentes jurídicas, ocupará las sesiones de casi todo el mes de diciembre, antes de pasar a la declaración de los acusados, lo que comenzará, con casi total seguridad, en enero. El juicio se celebra los lunes y martes de cada semana.Varias acusaciones y defensas coincidieron con el punto de vista del Ministerio Fiscal. Otras matizaron que prestaban su apoyo a la precisión del presidente del tribunal, Siro García, en el sentido de comenzar con las cuestiones previas y decidir posteriormente si hiciese falta una suspensión, caso de dar tiempo a la personación de las tres sociedades ya apuntadas. Juan Sánchez Calero, abogado de Conde, apoyó la posición del fiscal de un aplazamiento inmediato, a fin de provocar la indefensión y la posible nulidad de lo actuado. Jesús Castrillo, codefensor de Rafael Pérez Escolar, señaló que su cliente no deseaba su suspensión.

Fue Siro García quien rebatió tanto énfasis en la indefensión. Esto ocurrió en medio de una marejada de intervenciones que hacían hincapié en las consecuencias negativas de comenzar el juicio, según estaba previsto.

"Recuerdo a los señores letrados que este juicio se está grabando en soporte magnético. Difícilmente pueda producirse indefensión" enfatizó. El tribunal autorizó la presencia de cámaras de TVE permanentes que aportarán una copia de todo lo que suceda en el proceso, como ocurriera en el caso Argentia Trust.

El juicio, pues, comenzó. Las primeras sesiones, por decisión de los magistrados, estarán dedicadas a las cuestiones previas y una vez acabada esta fase, el tribunal decidirá si procede suspender.

Fuentes jurídicas señalaron ayer que tanto la sesión de hoy, como la del próximo martes 9 (el lunes 8 es fiesta) estarán dedicadas a los prolegómenos. Asimismo, una vez expuestas todas las cuestiones previas, el tribunal las estudiará.

Ayer, en el comienzo de las cuestiones previas, el abogado Sánchez Calero abrió el fuego con el argumento que la operación por la que se extrajo de la caja de la oficina principal de Banesto 300 millones, en febrero y abril de 19891 calificada como presunta apropiación indebida, estaba prescrita. Según Calero, la prescripción es de cinco años, según su interpretación del nuevo Código Penal. Como la extracción se produjo en las citadas fechas, el delito habría prescrito, dijo, en abril de 1994. La querella contra Conde y los demás administradores se presentó el 14 de noviembre de 1994.

Sánchez Calero dijo que la operación Locales Comerciales (desaparición de 1.600 millones en la compraventa de naves y fincas por parte de Banesto, en 1989 y 1990) también estaba prescrita para Conde, ya que fue acusado en 1996 por ella. El letrado recordó, asimismo, que Conde no declaró sobre esta operación, por lo que mal se le podía acusar. Lo mismo dijo de las operaciones de Telson y Velblinsa.