El seguro, entre la incertidumbre y la esperanza

El sector asegurador español, constituido por casi 400 empresas, lleva varios años viviendo una situación de grave incertidumbre íntimamente relacionada con las decisiones de los poderes públicos sobre el fomento del ahorro y la inversión en nuestro país. Aún así, el seguro español sigue manteniendo la esperanza de que esta situación de discriminación fiscal y ausencia de auténticos incentivos por parte de los poderes públicos, se pueda corregir. La aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 en la que se incrementa en un 50% el tipo tributario del recién creado impuesto sobre los seguros de riesgo, sin que se produzca movimiento alguno para estimular la contratación de los seguros de ahorro, ha supuesto un jarro de agua fría para los aseguradores españoles. Nuestra esperanza radica ahora en el trámite parlamentario del Senado, última oportunidad que tienen nuestros representantes políticos de entender dos hechos fundamentales: en primer lugar, que existe un trato desigual e injusto para las diferentes formas de ahorro de que disponen hoy en España tanto particulares como empresarios; y, en segundo término, que no crear un marco fiscal armónico y equilibrado para el ahorro significa, simple y llanamente, mutilar las posibilidades de expansión económica.Por razones que a los empresarios del sector se nos escapan, es bien cierto que todos los Gobiernos de los últimos 10 años se han caracterizado cuando menos por una cosa: el desconocimiento de la actividad aseguradora, su arrinconamiento y discriminación. Esta actitud resulta especialmente sorprendente cuando todo el mundo reconoce que un sector asegurador fuerte es pieza fundamental de la llamada inversión institucional, es decir, la que sostiene buena parte de la deuda pública, sin la cual las cuentas presupuestarias estatales nunca cuadrarían; o la que, con su presencia en los mercados de renta fija y variable privada, está financiando la actividad creadora de inversión productiva. Así pues, dar la espalda al seguro es renunciar, al menos en parte, a evitar el déficit crónico de ahorro privado que tiene nuestra economía.

El seguro lleva ya 10 años pidiendo, simplemente, que no se le discrimine desde el punto de vista fiscal. No solicita privilegios; pide únicamente beneficios tributarios equivalentes, no iguales, a los que ya cuentan otras fórmulas de ahorro. Más aún, sólo demanda lo que ya tuvo en el pasado, pues nuestras reivindicaciones no pretenden. otra cosa que volver a la política de apoyo al seguro tradicional y común de todas las economías europeas que, incomprensiblemente, fue suprimida por anteriores Gobiernos, como consecuencia del conocido affaire de las llamadas primas únicas, del que el seguro institucionalmente no tuvo responsabilidad alguna.

Siendo grave esta situación, lo es mucho más la eliminación del seguro como instrumento apto para la externalización de los compromisos por pensiones contraídos por las empresas respecto de su personal activo. En teoría, el empresario puede optar entre diversas figuras alternativas, entre ellas el seguro de vida, pero si, como ocurre actualmente, algunas de las fórmulas elegidas permiten la deducción de las aportaciones como gasto en el Impuesto de Sociedades y la del seguro no goza de tal deducibilidad, esta última opción será un 35% más costosa para el empresario. Los poderes públicos, tomando medidas de este tipo, renuncian a su obligado papel arbitral, y no pueden escudarse en la existencia de intereses políticos o corporativos más o menos. confesables que presionan a favor de una. u otra fórmula de ahorro colectivo. El papel de cualquier Gobierno no puede ser convertir estas preferencias en normas jurídicas con rango de ley, porque las leyes deben proteger, impulsar y apoyar a todos por igual. ¿Es lícito que un Gobierno condicione, por vía fiscal, las decisiones de ahorro de los ciudadanos? ¿Se puede obligar a los. inversores a que se decidan por uno u otro producto basándose en sus posibles ventajas fiscales en lugar de en sus características intrínsecas?

Se le reprocha, a veces, al sector asegurador el carácter especulativo, meramente financiero, de algunos de sus productos, y se le pide que demuestre su compromiso con el ahorro a largo plazo. A ello cabe contestar que, una vez más, es la política fiscal del Gobierno la que fuerza estas estrategias. Si se modifica la tributación de las plusvalías favoreciendo en mayor medida que antes su realización a corto plazo, y al tiempo no se mejora la fiscaldiad de las inversiones a largo, empresarios y ahorradores no hacen otra cosa que tomar el camino que se les abre desde los poderes públicos.

Deben ser los ciudadanos en función de la eficacia de los gestores y de las características de los productos quienes tomen las decisiones de inversión, sin interferencia alguna de los estímulos fiscales primando a unos productos respecto a otros, cuando todos ellos van dirigidos a incrementar el ahorro finalista a largo plazo.Los aseguradores ven con preocupación el largo y difícil camino que queda por recorrer hasta lograr una fiscalidad para el seguro de vida razonable y homogénea con la de otros países europeos. Pero más intensa es tal preocupación cuando el otro componente de nuestro negocio, los seguros distintos del de vida, que fueron objeto de un impuesto indirecto, desde el 1 de enero de este año, se verán nuevamente gravados ya que, según la Ley de Presupuestos Generales para 1998, el tipo tributario se incrementará en un 50% pasando del 4% al 6%. Por tanto, los seguros distintos de los de Vida se encarecieron en 1997 y volverá a incrementarse su coste durante 1998 por razones meramente recaudatorias. A mi juicio, nadie ha reflexionado reposadamente sobre las consecuencias de esta medida: una de ellas puede ser la falta o disminución del nivel de aseguramiento que, a medio plazo, supone un deterioro en las condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos, que deben afrontar las consecuencias económicas de los siniestros con sus propio patrimonio. La gran virtud de los seguros patrimoniales está en que convierten un coste variable, por ejemplo, la reparación de una inesperada gotera en el hogar, en un coste fijo que es el importe de la prima. Dado que el seguro es un producto solidario en que una colectividad de asegurados asume el pago de los siniestros ocurridos, normalmente el coste del siniestro es superior, muy superior a veces a la prima pagada.

En los últimos 10 años, el número de empresas aseguradoras se ha reducido de forma muy significativa; paralelamente, el empleo en el sector se ha incrementado casi en un 50%. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es simple: porque el sector asegurador español ha crecido significativamente durante este periodo aunque no todo lo que hubiera sido necesario si nos comparamos con los países de nuestro entorno. Es obvio que vivimos tiempos de cambio en el seguro europeo; las grandes operaciones (fusiones, adquisiciones, etcétera) son conocidas por todos y tendrán necesariamente repercusión en nuestro país. El mercado asegurador español tiene un gran potencial de crecimiento y así se ha demostrado con las inversiones extranjeras que se han producido en los últimos años. Sin embargo, para que estos empresarios no se vean defraudados y, dentro de un mercado único globalizado, sigan manteniendo sus inversiones en España financiando nuestra economía y creando empleo, es necesario que los poderes públicos impulsen la actividad y cumplan su función en términos neutrales y equitativos.