"Ni los politícos deben opinar de los jueces ni los jueces de los políticos"

Santiago Martínez-Vares, cántabro, de 55 años, casado y con tres hijos, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es el nuevo presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora en la carrera judicial. Lector incansable de El Quijote -todas las noches lee un pasaje-, se niega a hablar de ideologías en la justicia y sostiene que "ni los políticos deben opinar de los jueces ni éstos de aquéllos".Pregunta. ¿Hay una justicia progresista y otra conservadora?

Respuesta. No. La justicia es una para todos.

P. ¿Que diferencia a un juez progresista de uno conservador?

R. No creo en esos calificativos. A la hora de aplicar la ley, los jueces intentamos crear derecho: armonizar el sentir de la ley con la realidad concreta.

P. ¿Por qué la justicia es una delas instituciones menos valoradasen las encuestas?

R. Porque están mal, planteadas. Se manipula a la opinión pública. No es posible que el 50% de los españoles piense que los jueces no son imparciales, que no están preparados técnicamente. Que no se confíe en ellos es falso. Si fuera así, existen otros medios para resolver los conflictos. Sin embargo, cada vez hay más problemas en los tribunales. La gente quiere que los suyos los, conozca y resuelva un juez.

P, ¿Cuál es el más grave del día a día?

R. Si no hablamos de los grandes principios, la lentitud; en ocasiones, exagerada. Por ejemplo, un proceso contencioso-administrativo no debería durar más de nueve meses. En un tribunal como el de Sevilla, la media, patologías aparte, es de 12 a 15.

P. ¿Cómo se resuelve?

R. Con medidas legislativas, con más magistrados y con una Administración que evite que sus relaciones con los administrados sean tan conflictivas.

P. ¿Cuáles fueron las consecuencias más negativas de la gestión socialista en el Ministerio de Justicia?

R. La puesta en marcha de laley orgánica del Poder Judicial de1985 ha tenido graves consecuencias. La jubilación anticipada vacío gran parte de la cabeza del escalafón y hubo que improvisarjueces. Después, la introducción de determinados modos de acceder a la carrera. La política denombramientos no fue la másadecuada. Hay un problema grave, muy grave: el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que esa ley modificó. Creo que es sensato que en el órgano de gobierno de los jueces haya 12 jueces elegidos por los jueces, porque otras corrientes depensamiento están perfectamente representadas con los ocho vocales que no pertenecen a la carrera judicial. Hay que restaurar el derecho inalienable de que sean losjueces los que elijan a sus representantes en su órgano de gobierno.

P. La acusación de corporativismo es fácil.

R. Eso es una falsa percepción del problema. Ese órgano gobierna a un poder del Estado con características muy concretas y que debe ser gobernado, en parte, por los propios miembros de ese poder. El poder político es alternante, no permanente, y puede ser desempeñado por cualquier ciudadano aunque carezca de cualificación previa. El judicial es permanente, ejercido por profesionales preparados técnicamente para ese poder porque así lo ha querido el ciudadano cuando aprobó la Constitución. Tiene la misma legitimidad que la Corona, la que le da la Constitución. El órgano de gobierno de los jueces lo tienen que componer mayoritariamente jueces elegidos por jueces. Eso no es corporativismo, es sentido común. Además, que el, poder judicial sea independiente es vital para el Estado de Derecho. Su función es controlar a los otros poderes y sólo lo puede hacer si es independiente.

P. ¿Y quién controla al juez?

R. Los propios jueces, las partes en los litigios y los medios de comunicación cuando critican sus tareas desde criterios técnico-jurídicos y no,- como a veces se hace, descalificando sentencias y calumniando.

P. El PP, ahora, ya tiene en su debe dos fiscales generales del Estado y el nombramiento de un fiscal jefe de la Audiencia Nacional con la oposición de toda la carrera fiscal.

R. Hay que destacar dos puntos:el de las transferencias en materia de justicia a las comunidades y el de que las competencias del ministerio cada vez son menos. En materia legislativa, la labor se puede considerar buena: ahí está el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil; la ley de lo contencioso-administrativo, muy avanzada... El conflicto del ministerio fiscal fue heredado. El fiscal del Estado, en uso de su independencia, tomó unas medidas que encontraron contradicción en la carrera fiscal. Pero es un capítulo cerrado.

P. ¿Debe ser el fiscal general independiente del Gobierno?

R. Sin duda.

P. Pero es elegido por él.

R. Constitucionalmente, no hay otra opción. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones en que desempeñe la función. Tiene que ganar en independencia y seguridad. Hay que ir a un sistema en que se le designe por un número de años y no pueda ser removido.

P. ¿Son permeables los tribunales a la influencia del poder político y a los intereses de los medios de comunicación?

R. Categóricamente, no. Los jueces no somos espíritus puros ni santos. Cualquier cosa que ocurre a nuestro alrededor nos afecta. Pero también es cierto que tenemos mecanismos de autodefensa. Nuestra formación y el ejercicio de un poder nos va creando anticuerpos.

P. ¿Que puede hacer un juez cuando desde un partido o un periódico se le tacha de prevaricador?

R. Hay que mejorar los mecanismos para perseguir las injurias y calumnias contra un juez. No creo correcta la solución de que sea él mismo quien descienda a la arena del proceso a denunciar esos hechos. El juez no debe entrar en esas situaciones porque le convierten en parte y le afectan en su imparcialidad.

P. ¿Pueden opinar los jueces de los políticos?

R. No. Y tampoco los políticos de los jueces. En eso tenemos que ser tremendamente respetuosos. El juego de la división de poderes debe funcionar con absoluta delicadeza. .